Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF advierten que la minería submarina tendría devastadoras consecuencias para los ecosistemas marinos y la capacidad de captura de carbono que tienen los océanos
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La Asamblea de Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (conocida por ISA en sus siglas en inglés), celebrada en Kingston, Jamaica, ha dado un paso adelante en la reivindicación de una moratoria de la minería submarina en aguas internacionales, solicitando una “pausa” que frene el avance de esta actividad. «Esta demanda se produce en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación en 2023».
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Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF celebran la posición española e instan a que se promueva dentro de la ISA una moratoria firme. También reivindican que se predique con el ejemplo y se adopte una prohibición de la minería en aguas bajo jurisdicción nacional, excluyendo explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica.
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«El inicio de la minería submarina, alertan desde las organizaciones ecologistas, tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la la biodiversidad de toda la columna de agua, incluidas las poblaciones de peces que forman parte de la alimentación humana». Por eso consideran que esta declaración puede impedir el avance de una explotación submarina que no tendría en cuenta la magnitud de los impactos y las propias carencias de la Autoridad Internacional como organismo responsable de regular esta actividad y, al mismo tiempo, proteger los fondos marinos.
España ha apoyado la propuesta de Chile, secundada también por Costa Rica y Brasil, para reconsiderar la norma que forzaría el otorgamiento de los primeros permisos el próximo año, mientras que los países de la Alianza Global de Países por una Moratoria de la Minería Submarina, de la que ya forman parte Palao, Fiji y Samoa, defienden el establecimiento de una moratoria.
En septiembre de 2021 España fue uno de los gobiernos que apoyó la resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por una moratoria internacional, comprometiéndose a avanzar hacia su establecimiento. Esto es algo que vienen pidiendo organizaciones ecologistas, la comunidad científica, el sector pesquero y también los parlamentos de Galicia y Canarias mediante resoluciones instando al Gobierno a dar ese paso.
Además, a esta moratoria también se ha sumado la propia industria. Sectores de la tecnología y de los vehículos eléctricos, inversores identificados como un segmento importante del mercado de los minerales que se extraen, dudan de la viabilidad de este mercado para la minería submarina y han suscrito una declaración en apoyo de una moratoria, sumándose a las de la comunidad científica y parlamentarios de todo el mundo.
En nueve días, el 15 de agosto, da comienzo en la sede central de Naciones Unidas la reunión que finalizará el texto para la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, el conocido como Tratado Global de los Océanos. Este texto podrá blindar a la minería submarina al menos el 30 % de las aguas internacionales para 2030 y supondrá que se tenga una visión integral de la gestión marina, y no sectorial, como ocurre con la explotación minera, ya que la ISA se ha enfocado históricamente en promover el inicio de esta destructiva industria.
En 2023 España pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos, asumiendo una gran responsabilidad en un momento crucial en el que se adoptarán decisiones sin precedentes en términos de gravedad y potenciales impactos a escala planetaria. «El Gobierno de España jugará un papel importante en la defensa de nuestros mares y océanos, por eso las organizaciones ecologistas esperan y desean que esté a la altura de las circunstancias y no se deje influir por el afán extractivista».
