Los socialistas califican como un caso de «extrema gravedad» la situación de investigada de la actual consejera de Economía, Hacienda y Función Pública y la número 3 de las listas del PP por presunta falsedad documental
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha incoado diligencias y ha citado a declarar como investigada a la actual consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani Ramesh, tras la denuncia interpuesta por la exconsejera de Fomento, Susana Román, donde acusaba a Chandiramani, de un presunto delito de falsedad en documento público y estafa asegurando que la ex gerente de Emvicesa había enviado al juez encargado del caso ha ofrecido datos y documentos con su firma que “faltando a la verdad” que señalaban la implicación de la exconsejera en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 3.
Como consecuencia, el PSOE ha salido al paso para pedir la dimisión de Chandiramani como actual consejera de Economía, Hacienda y Función Pública así como número 3 de las listas del Partido Popular y ha advertido que no acudirán al debate electoral ofrecido por Radiotelevisión Ceuta si esta no es cesada de inmediato. «El PP tiene como número tres a una investigada por la justicia por uno de los mayores casos de corrupción del Gobierno de Vivas», ha señalado la secretaria general del PSOE de Ceuta, Cristina Pérez, que ha precisado que se trata de un delito por el que se piden hasta 11 años de cárcel.
Pérez se ha dirigido a Vivas para que comparezca con el finde explicar «por qué sigue confiando en ella», aludiendo a que han sido sus propios compañeros de partido quienes han elevado la denuncia.»Es el momento de que Vivas salga a dar la cara y que Chandiramani deje de formar parte de la lista electoral», ha mantenido, mientras asegura que el PP «no tiene legitimidad de presentarse a unas elecciones con una persona investigada».
Con respecto a la denuncia ante la Junta Electoral de Zona por hacer campaña durante la visita de la ministra María Jesús Montero con la que han sido multados con 1.000 euros, Pérez ha asegurado que recurrirán a esa resolución y plantearán los motivos por los que consideran que no cabe esa sanción. «La señora Montero vino como militante socialista. No hizo uso de ningún recurso político», ha señalado la socialista, aludiendo a que la visita de Abascal sí que requirió de recursos públicos.
