La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública en funciones, Kissy Chandiramani, ha llegado al juzgado minutos antes de su citación como investigada por un presunto delito de falsedad en documento público y estafa relacionado con el Caso Emvicesa. A la consejera en funciones no la acompañaba ningún miembro del Ejecutivo Local y ha dicho a los medios que no va a hacer ninguna declaración
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Sin dar declaraciones a los medios de comunicación apostados a la puerta de los juzgados de Ceuta ha entrado la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública en funciones, Kissy Chandiramani, a declarar como investigada, tras ser denunciada por la exconsejera de Fomento, Susana Román, por un presunto delito de falsedad en documento público y estafa, asegurando que la ex gerente de Emvicesa (Chandiramani) había enviado al juez encargado del caso datos y documentos con su firma “faltando a la verdad”.
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Junto a Chandiramani, solo su abogada, ningún miembro del Ejecutivo Local ha acompañado a su compañera ante la citación de la justicia.
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Según el auto dictado por el que se citaba a Chandiramani y al que tuvo acceso El Periódico de Ceuta, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, procediendo además aceptar la inhibición causada y descrita en el antecedente de la presente resolución, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa concordante».
La denuncia, presentada por Susana Román
Según el escrito presentado ante el juez por el abogado de Román al que tuvo acceso El Periódico de Ceuta, los hechos a los que hace mención dicha denuncia se sucedieron en las fechas de la instrucción de las diligencias previas del caso Emvicesa. La investigación trataba de vislumbrar que existía una trama de compraventa ilegal de viviendas de protección oficial centrada en el entonces gerente y principal procesado, Antonio López. La causa que está pendientes de enjuiciamiento en la Audiencia de Cádiz en Ceuta.
El escrito pedía al juez que se constate que existen documentos y datos aportados desde Emvicesa con la firma de Chandiramani, que fue gerente de la empresa pública, cuya información Román califica de “mendaz”. Por otro lado, también se señala que “la fecha del nombramiento de Román hace imposible cualquier participación de dicha consejera en la determinación del procedimiento de adjudicación” y añade que la identificación de la misma como miembro de la comisión “es incompatible”.
En la Comisión Local de Vivienda también se encontraban Rabea Mohamed, José Antonio Carracao, Mohamed Alí, Antonio J. López y María José Cariñanos, estando presidido por Guillermo Martínez. En el escrito también se recoge que “se entremezclan los criterios que han de reunir los candidatos a la adjudicación de las viviendas con el procedimiento para que se produzca la misma” y que “en ningún caso la adjudicación de viviendas corresponde en exclusiva a la Comisión Local de Vivienda”.
