La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) cederá una parcela en Loma Colmenar, junto a Los Rosales, para la construcción de 200 viviendas protegidas que mantendrán esta condición de forma indefinida. Este acuerdo forma parte del protocolo de intenciones firmado entre SEPES y la Ciudad Autónoma de Ceuta, con el objetivo de integrar estas parcelas en el Plan de Vivienda e Incentivos a la Construcción del Ejecutivo local.
Colaboración institucional para resolver el déficit habitacional
El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, presentó este martes al Gobierno local el acuerdo, que surge de la iniciativa del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para impulsar la colaboración entre administraciones en materia de vivienda. Este protocolo busca activar la construcción de viviendas protegidas como parte del plan que prevé levantar 1.000 nuevas unidades habitacionales a corto y medio plazo.
El terreno cedido por SEPES es la parcela E5 de Loma Colmenar, ubicada junto a la antigua prisión de Los Rosales. SEPES pondrá esta parcela a disposición de la Ciudad mediante el instrumento jurídico adecuado, mientras que el Gobierno local gestionará la financiación, bien a través de recursos propios o mediante colaboración público-privada, y asumirá la responsabilidad de su posterior gestión una vez terminadas las viviendas.
Expansión del plan de vivienda
Además, SEPES evaluará la posibilidad de ceder otras parcelas residenciales de características similares, siempre que su situación urbanística y patrimonial lo permita. Estas nuevas cesiones seguirían las mismas condiciones que la parcela E5, garantizando que las viviendas construidas sean protegidas de forma permanente.
Condiciones del acuerdo
El protocolo no contempla contraprestaciones económicas entre las partes. Para concretar los términos y obligaciones del acuerdo, se elaborará un convenio específico que detalle las acciones, compromisos y condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Se establecerá una comisión de seguimiento, compuesta por dos representantes de cada parte, que supervisará el desarrollo del protocolo durante su vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.
Este paso refuerza la estrategia de la Ciudad Autónoma de Ceuta para hacer frente al déficit de vivienda y ofrecer soluciones habitacionales sostenibles a sus ciudadanos.
