El Ministerio de Consumo ha iniciado una nueva investigación dirigida a los grandes gestores de viviendas turísticas en España, a quienes se acusa de posibles prácticas engañosas e irregulares. Este es el tercer proceso relacionado con la vivienda que lidera el ministro Pablo Bustinduy, tras las investigaciones contra inmobiliarias por comisiones abusivas y plataformas de alquiler por publicar propiedades sin licencia.
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La indagación se centra en empresas que administran cientos de pisos turísticos en distintas comunidades autónomas y que podrían estar vulnerando la Ley de Competencia Desleal y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Aunque algunas de estas viviendas cuentan con licencia, las irregularidades podrían derivarse de la forma en que son gestionadas o publicitadas.
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Prácticas bajo la lupa
Entre las posibles prácticas fraudulentas se incluyen la manipulación de reseñas para simular valoraciones de usuarios reales, la ocultación de información sobre los gestores profesionales detrás de los anuncios o la oferta de derechos ya garantizados por ley como si fueran ventajas exclusivas. Además, la normativa señala como desleal cualquier conducta que pueda inducir a error a los consumidores.
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Un ejemplo destacado es el uso de nombres particulares en plataformas como Airbnb para gestionar de forma encubierta decenas o cientos de propiedades. Según datos de Inside Airbnb, en ciudades como Madrid o Barcelona es común encontrar perfiles de “anfitriones” que controlan grandes volúmenes de inmuebles. Por ejemplo, Fran y Marta Isabel gestionan 322 viviendas en Madrid; mientras que en Barcelona, Álvaro tiene 37 apartamentos y 82 habitaciones.
Estas tácticas permiten a los gestores aparentar cercanía y evitar ciertas obligaciones legales, como la atención al cliente o la transparencia en la actividad económica, según denuncian organizaciones vecinales.
Impacto en el mercado inmobiliario
La proliferación de pisos turísticos ha generado una enorme presión sobre el mercado de alquiler residencial, especialmente en grandes ciudades y destinos turísticos. En zonas como Madrid y Barcelona, estos alojamientos han contribuido al encarecimiento del alquiler, la expulsión de vecinos de sus barrios y un aumento de las viviendas en situación irregular.
En Alicante, por ejemplo, de las 4.108 viviendas de uso turístico registradas, el 78% carecen de licencia municipal. En Madrid, las multas impuestas por el Ayuntamiento no han logrado frenar el crecimiento de este tipo de pisos: en los últimos seis meses se han detectado 2.559 nuevos alojamientos ilegales, mientras que solo 197 han sido clausurados. En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni anunció este verano que no renovará en 2028 ninguna de las 10.000 licencias existentes.
Un plan integral contra el abuso inmobiliario
El Ministerio de Consumo ha intensificado su enfoque en el mercado de la vivienda con una serie de investigaciones clave. En octubre, inició un proceso contra inmobiliarias por cláusulas abusivas y comisiones ilegales; y en junio, dirigió sus esfuerzos a plataformas de alquiler turístico que publican viviendas sin licencia, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El ministro Bustinduy subrayó la urgencia de abordar estos problemas: «Hay miles de familias al límite debido a la crisis de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares».
Las investigaciones en curso reflejan la voluntad de reforzar los derechos de los consumidores y garantizar un mercado inmobiliario más justo y transparente. Sin embargo, también evidencian la necesidad de una regulación más estricta y una colaboración más efectiva entre administraciones para abordar el impacto de los pisos turísticos en el acceso a la vivienda.
