La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha dado un paso al frente en los tribunales al interponer un recurso de apelación contra la resolución de la Audiencia Nacional que aplicó la Ley de Amnistía a doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo. El colectivo de víctimas ha solicitado formalmente que se revoque el sobreseimiento de la causa y que los encausados sean sentenciados en un juicio oral, argumentando que la ausencia de un atentado consumado con resultado trágico no exime automáticamente a estas acciones de su gravedad delictiva ni de su trascendencia penal conforme a la directiva comunitaria.
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En el escrito presentado ante el órgano judicial, la acusación particular sostiene que el hecho de que los planes operativos de los investigados no llegaran a ejecutarse plenamente no borra la naturaleza de las conductas ni la amenaza potencial a los derechos humanos. Por ello, la Acvot reclama a los magistrados un examen individualizado de las actuaciones de cada uno de los doce implicados para esclarecer la finalidad real de sus maniobras, las circunstancias en las que se planificaron y su encaje dentro de los delitos excluidos por la legislación europea.
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La interpretación de la directiva europea y el pronunciamiento del TJUE
El recurso presentado por la entidad de víctimas pone el foco en lo que considera una interpretación errónea de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La asociación matiza que, si bien el marco jurisprudencial comunitario admite la extinción de la responsabilidad penal en determinados supuestos vinculados al proceso independentista catalán, deja fuera de forma explícita aquellos actos encuadrables en el terrorismo que hayan pretendido o generado violaciones graves de los derechos fundamentales.
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Desde la Acvot subrayan que el tribunal de Luxemburgo en ningún momento ha declarado amnistiables de forma automática los hechos concretos analizados en la Operación Judas. Por el contrario, la acusación remarca que la justicia europea delegó en la propia Audiencia Nacional la responsabilidad de delimitar e identificar cuáles de estos actos terroristas deben quedar excluidos del perdón general debido a su peligrosidad inherente.
Petición de vista oral para depurar las responsabilidades de los 12 investigados
Con este movimiento procesal, la representación legal de las víctimas busca evitar el cierre definitivo del sumario sin que se hayan practicado las pruebas en el plenario. La asociación insiste en que la fase de juicio oral es el único marco adecuado para evaluar el alcance de los materiales explosivos y las acciones de sabotaje atribuidas en su día a los integrantes de los CDR.
El recurso abre ahora un nuevo capítulo en la aplicación judicial de la amnistía, obligando a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre los límites del texto legal frente a los delitos de terrorismo y las exigencias de protección a las víctimas fijadas por las instituciones europeas.














