La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una decisión crucial al anular toda la información obtenida de los dispositivos electrónicos de Juan Carlos Barrabés. Esta medida se deriva de la entrada y registro realizados en agosto en su domicilio y oficinas, llevados a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
La resolución llega después de que se conociera que la entrada y registro habían sido anulados. El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41, no justificó adecuadamente las razones para ordenar dichas acciones, lo que llevó a la Audiencia a tomar esta determinación.
En un auto de 11 páginas, al que tuvo acceso RTVE, los magistrados de la Sección 23 aceptaron los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y Barrabés. Estos recursos cuestionaban la autorización dada el 27 de agosto para el desprecinto, clonado y volcado de los dispositivos electrónicos durante el registro.
La Audiencia ha ordenado ahora la destrucción de las copias obtenidas y ha indicado que cualquier informe o documento relacionado con estos volcados debe ser excluido de la causa.
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Los magistrados argumentan que la entrada y registro violaron el derecho fundamental de Barrabés, ya que no estaban debidamente justificadas. Además, consideran que la información obtenida de los dispositivos no puede utilizarse en el caso, ya que se adquirió infringiendo los derechos del investigado.
El auto señala que el procedimiento seguido por el juez Peinado carecía de la motivación necesaria. No se justificó la necesidad, proporcionalidad, utilidad y excepcionalidad para llevar a cabo el desprecinto y volcado de los dispositivos electrónicos.
La nulidad de la prueba implica que el hecho que se pretendía acreditar con la diligencia podría demostrarse por otros medios legítimos, siempre que se obtengan de manera legal.
Es importante recordar que Barrabés inicialmente declaró como testigo en el caso que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Posteriormente, en julio, el juez decidió imputarlo.
Esta decisión de la Audiencia Provincial subraya la importancia de respetar los derechos fundamentales y la legalidad en los procedimientos judiciales, especialmente en casos que involucran la incautación de dispositivos electrónicos y la privacidad de los individuos.
