En una decisión sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que otorga al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) la supervisión de contratos y subvenciones federales. Al frente de esta iniciativa estará Elon Musk, quien se estrenó en la reunión del gabinete presidencial con el respaldo de Trump.
El DOGE, recientemente fortalecido, ahora tendrá la responsabilidad de revisar y auditar los fondos públicos destinados a contratos gubernamentales, con un énfasis en detectar «desperdicio, fraude y abuso». Sin embargo, la orden ejecutiva no especifica los criterios exactos para determinar la cancelación de contratos, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores.
Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es que pone en el punto de mira a las instituciones educativas y entidades extranjeras, priorizando la revisión de sus fondos en un plazo de 30 días. Esto podría representar un golpe a los programas de ayuda social y educativa, aunque la administración ha asegurado que la asistencia directa a individuos quedará exenta, a pesar de precedentes que demuestran lo contrario.
Esta decisión es especialmente significativa debido a la fuerte dependencia de Tesla y SpaceX, dos de las principales empresas de Musk, de los contratos y subvenciones gubernamentales. Según una investigación reciente del Washington Post, el imperio empresarial del multimillonario ha recibido alrededor de 38.000 millones de dólares en fondos públicos.
La orden también refuerza la campaña de reducción de costes del DOGE, manteniendo excepciones clave para agencias como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros organismos de seguridad nacional.
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Elon Musk, en su primera intervención como parte del gabinete presidencial, recibió el respaldo público de Trump, quien celebró su nuevo rol y desafío a quienes se opongan: «Creo que todos en esta mesa están muy a favor de ello, y si no lo están, me gustaría que lo dijeran, pero están muy a favor». La reacción del gabinete fue de aparente camaradería, con risas y asentimientos cómplices.
La decisión de otorgar a Musk una posición clave en la supervisión de fondos públicos ha generado críticas entre expertos en transparencia y opositores políticos, quienes ven en esta medida un posible conflicto de intereses que podría beneficiar directamente a las compañías del multimillonario. Con la revisión de contratos y subvenciones en marcha, el impacto real de esta orden ejecutiva se definirá en las próximas semanas.
