La cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid ha desatado una fuerte oleada de críticas de los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil contra el Gobierno. Los colectivos aseguran que el dispositivo de seguridad fue “insuficiente” y dejó en evidencia a los cuerpos policiales, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a los ciudadanos.
Te interesa
Entre los más contundentes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) responsabilizaron directamente al presidente Pedro Sánchez de haber alimentado las protestas contra la presencia del equipo Israel-Pro Tech y en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza. Ese mismo domingo, el jefe del Ejecutivo expresó públicamente su “admiración” hacia los manifestantes.
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, denunció que los antidisturbios “hicieron todo lo posible” con los medios y márgenes de actuación que se les permitieron, pero que ya habían advertido días antes de que “era imposible garantizar la seguridad del recorrido”. Su portavoz, Ibón Domínguez, subrayó que los agentes “hacen lo que les dejan hacer” y que las imágenes del corte de etapa muestran “violencia inadmisible”, desde lanzamientos de objetos hasta la ocupación del trazado.
Lee tambien: La paradoja de Cibeles: denuncian que se apartó a los sin techo para «limpiar» Madrid ante la llegada del Papa
El SUP lamentó que “se ha atado a los policías de pies y manos” y que en condiciones normales “la Vuelta nunca se hubiera cortado”. A su juicio, el presidente del Gobierno optó por “debilitar la autoridad del Estado” y supeditar la actuación policial a intereses políticos.
Por su parte, Jucil habló de un “fracaso estrepitoso” del Ministerio del Interior, mientras que la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) calificó de “inaceptable” la “irresponsabilidad” de quienes alientan este tipo de protestas.
El sindicato UFP advirtió de que el “apoyo político” a los manifestantes transmitió una sensación de impunidad y reclamó responsabilidades. En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) exigió una “condena inmediata y sin paliativos” a quienes, en su opinión, crearon el “caldo de cultivo perfecto para el boicot” de la prueba.
