El Ejecutivo se encamina hacia la tercera prórroga consecutiva de unas cuentas heredadas de la pasada legislatura, diseñadas por otro Gobierno y aprobadas en un Parlamento distinto al actual.
El plazo fijado por la Constitución para que el Gobierno presente en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ha expirado sin que el Ejecutivo haya dado siquiera el primer paso: la remisión al Congreso de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. Esta omisión imposibilita cumplir el artículo 134 de la Carta Magna, que obliga a entregar las cuentas al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio en vigor.
De esta manera, el próximo 1 de enero entrará en vigor automáticamente la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, unas cuentas elaboradas por el anterior Ejecutivo y aprobadas por unas Cortes con mayorías diferentes a las actuales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable directa de la elaboración de las cuentas, eludió este martes dar explicaciones en el Senado, pese a la presión de la oposición. Ni siquiera reiteró la promesa, defendida en su día por el presidente Pedro Sánchez, de presentar un proyecto presupuestario para 2026.
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En Moncloa son conscientes de que no hay mayoría suficiente para aprobar las cuentas. Los antiguos socios de investidura —Podemos, Junts y ERC— han elevado el precio de su apoyo, condicionándolo a exigencias que van desde frenar el incremento del gasto en Defensa hasta cambios estructurales en la financiación de Cataluña, pasando por la ruptura de relaciones con Israel.
Ante este escenario, el Gobierno baraja únicamente remitir el techo de gasto al Congreso, asumir su previsible rechazo y, a partir de ahí, elaborar un proyecto sobre la base actual, con la posibilidad de retirarlo antes de su votación para evitar una derrota parlamentaria.
En cualquier caso, en los grupos parlamentarios se da por hecho que Sánchez maniobrará para esquivar un fracaso que podría desencadenar un adelanto electoral, intentando desplazar la responsabilidad hacia aquellas formaciones que rechacen el proyecto.
