La investigación sobre una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, instruida por un juzgado de Barcelona, ha destapado de manera inesperada una presunta trama de comisiones ilegales vinculada al contrato más relevante que la Diputación de Almería adjudicó durante la pandemia. La causa, que finalmente ha acabado en los tribunales almerienses, salpica a la cúpula provincial del Partido Popular.
Todo comenzó cuando los investigadores catalanes intervinieron comunicaciones de varios sospechosos relacionados con una red de narcotráfico. Entre ellos se encontraba Kilian López, empresario que resultó adjudicatario, a través de la sociedad Azor, de un contrato de dos millones de euros para la compra de mascarillas en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
“Hemos pegado un pepinazo al precio de las mascarillas”
En esas conversaciones interceptadas, López presumía de haber cerrado “una operación de dos millones”, asegurando que había dado “un pepinazo al precio de las mascarillas” y que “los de Almería se quedan 400 y yo otros 400”, en referencia presuntamente a un reparto de beneficios.
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El juez de Barcelona, al remitir la parte del caso relacionada con el contrato de material sanitario a los tribunales almerienses, destacó que la empresa adjudicataria no parecía reunir las condiciones de solvencia técnica ni económica necesarias, ya que su actividad principal era la comercialización de piedra y contaba con un patrimonio limitado y una cifra de negocio discreta.
Altos cargos de la Diputación, bajo sospecha
La investigación en Almería sitúa al exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, en el centro de la presunta trama. Según los agentes, Liria habría actuado como intermediario en la operación y habría recibido pagos por parte del empresario investigado.
Los informes policiales apuntan asimismo al actual vicepresidente de la corporación provincial, Fernando Giménez, y al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quienes habrían podido beneficiarse presuntamente del reparto de unos 400.000 euros en comisiones derivadas del contrato.
El caso se suma a otras actuaciones recientes, como la detención del presidente de la Diputación en el marco del llamado caso mascarillas y el hallazgo por parte de la UCO de 119.000 euros ocultos en una funda de almohada en el domicilio del alcalde de Fines, también investigado.
La causa continúa abierta, a la espera de nuevas diligencias y de que el juzgado de Almería determine el alcance de las responsabilidades penales y administrativas de los implicados.
