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La Audiencia Nacional ha acordado indemnizar con 25.200 euros a un agricultor de Almería que permaneció 224 días en prisión provisional después de ser acusado de varios delitos de violencia de género por los que posteriormente fue absuelto. El tribunal considera acreditado el daño moral y económico derivado de la privación de libertad, acordada en junio de 2021 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Berja.
El hombre, que pasó siete meses y medio en prisión preventiva, obtuvo una sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Almería, que ordenó su inmediata liberación. Tras esa resolución, su defensa —encabezada por el abogado Francisco Ferre— interpuso un recurso por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que ahora ha sido estimado parcialmente por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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El tribunal fija 15.000 euros de indemnización por el tiempo de privación de libertad, de los cuales 4.800 euros corresponden específicamente al daño moral sufrido. La resolución pone de relieve las consecuencias personales y familiares que atravesó el afectado durante su encarcelamiento.
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La defensa calificó su ingreso en prisión como una situación «injusta y evitable», alegando que se solicitaron varias veces sin éxito medidas alternativas a la prisión provisional. El abogado reclamaba una compensación mayor, de 33.600 euros, que finalmente no ha sido aceptada por la Sala.
Además del daño moral, la Audiencia Nacional reconoce un lucro cesante de 10.200 euros más intereses, correspondientes a los ingresos que el agricultor dejó de percibir al no poder trabajar durante los meses de prisión. El cálculo se ha realizado a partir de su declaración de la renta de 2021. La defensa reclamaba inicialmente 55.600 euros, al considerar que el encarcelamiento le impidió afrontar la campaña agrícola de melón y sandía.
El tribunal rechaza otros conceptos reclamados por el perjudicado —casi 97.000 euros en total—, como los gastos jurídicos o los desplazamientos familiares para visitarlo en prisión, al no considerarlos indemnizables en este procedimiento o no estar suficientemente acreditados.
Según declaró su abogado a Canal Sur, la denuncia que motivó la prisión preventiva habría sido utilizada para encubrir un episodio distinto. El letrado sostiene también que, en la provincia, la medida cautelar de prisión provisional se aplica con cierta frecuencia en casos de violencia de género o tráfico de drogas.
Datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que más del 15% de la población penitenciaria en España se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar excepcional que implica el encarcelamiento de personas que todavía no han sido juzgadas.
