El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, tiene actualmente una participación valorada en 12.700 millones de euros en Caixabank. Esta revalorización, impulsada por el rally bursátil, abre una «oportunidad de oro» para que el Gobierno reduzca su peso en el capital social y recupere una parte significativa de las ayudas inyectadas en la extinta Bankia.
La cotización bursátil de Caixabank ha generado una coyuntura favorable que está llevando a los inversores a presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que materialice la desinversión de su participación en la entidad. La revalorización de las acciones, que superan el 100% de aumento anual, permite al Estado recuperar, al menos en valoración, más de la mitad de los 24.400 millones de euros que se destinaron al rescate de la antigua Bankia durante la pasada crisis financiera.
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En la actualidad, el FROB controla el 18,1% del capital de Caixabank. Este paquete accionarial tiene un valor actual superior a los 12.000 millones de euros. Hasta ahora, el Estado solo había recuperado directamente 1.000 millones de euros del total inyectado, aunque ha recibido dividendos tanto de la extinta Bankia como, posteriormente, de Caixabank.
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Fuentes del mercado señalan que el Ejecutivo dispone en estos momentos de una «oportunidad de oro» para monetizar sus acciones mediante ventas parciales voluminosas. Aunque el plazo para la desinversión total se ha extendido hasta diciembre de 2027, la posibilidad de que no se pueda obtener tanto dinero en el futuro impulsa las llamadas a la acción inmediata.
Sin embargo, a pesar de la presión y la elevada valoración, se considera poco probable que el Gobierno se deshaga de todo el paquete de forma inmediata. La institución dependiente del Ministerio de Economía se ha limitado, hasta ahora, a participar en los programas de recompras de títulos puestos en marcha por Caixabank con el objetivo de no elevar su participación y cosechar beneficios limitados.
Caixabank absorbió Bankia en 2021 en una operación impulsada por el Gobierno. Los primeros ingresos por la desinversión de la extinta Bankia para el FROB se produjeron en 2023 (335 millones de euros) y en 2024 (665 millones de euros).
Aunque el banco catalán asegura sentirse cómodo con la presencia del Estado en su capital, ya que no interfiere en la gestión, los directivos preferirían que el Gobierno fuese reduciendo su peso. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, afirmó que la venta total de la participación estatal es inevitable y que la entidad está preparada para cuando suceda, destacando que la inversión pública se ha multiplicado por siete desde la integración (incluyendo dividendos).
El proceso contrasta con la senda seguida por otros países europeos que ya han completado la salida de las entidades rescatadas. Además, la situación se enmarca en un contexto donde Moncloa está intentando reforzar el control del Estado en empresas estratégicas como Telefónica, Indra y Talgo.
El desempeño de Caixabank en el mercado ha sido brillante, superando los 70.000 millones de euros de capitalización y batiendo al holandés ING. Se espera que la entidad bata un nuevo récord de beneficios en 2025 y que la retribución a los accionistas (incluido el Estado) aumente, pese a ser la única entidad que pagará más por el impuesto extraordinario al sector financiero impuesto por el Gobierno.
