El caso Koldo, que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, sigue su curso mientras se acerca la fecha del juicio oral. A pesar de los esfuerzos de ambos para recurrir su procesamiento, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha validado el procesamiento debido a las evidencias que sostienen las acusaciones en su contra.
El juez Leopoldo Puente, encargado de la causa, ha mencionado que las posibilidades de que las defensas logren desmantelar los argumentos en su contra son mínimas. Esta afirmación se destacó el miércoles pasado, reiterando que prolongar la investigación no resulta sensato, especialmente dado que hay acusados en prisión preventiva.
La confirmación del procesamiento significa que el siguiente paso en este proceso judicial será la apertura del juicio oral. El Supremo ha aclarado que no cabe recurso contra esta decisión de la Sala de Apelaciones, lo que allana el camino para que se cumplan los plazos establecidos.
La siguiente fase implica que el juez Puente emitirá una resolución que fijará la fecha del juicio, en el que se abordarán graves acusaciones, como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Esto requerirá la organización de comparecencias, que incluirán testigos y peritos.
El impacto del procesamiento sobre Ábalos como diputado también es significativo. No obstante, el exministro no ha renunciado a su acta de diputado y ha continuado sus funciones en el Congreso, lo que le ha permitido mantener su aforamiento. Esto obligó al juez del Supremo a solicitar un suplicatorio para poder avanzar en el proceso legal contra él.
Recientemente, el Congreso ha tenido que abordar la situación de Ábalos luego de su procesamiento. De acuerdo con el reglamento, los parlamentarios que tengan un auto de procesamiento firme y se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos en sus derechos y deberes, aunque el exministro buscó mantener su capacidad de voto telemáticamente, alegando que sus derechos estaban intactos.
Sin embargo, el Congreso, tras revisar la solicitud, decidió suspenderlo de sus derechos y sueldo, aunque su acta de diputado se mantiene. Este hecho podría alterar las delicadas mayorías en el Congreso, aunque se asegura que la composición se mantendrá intacta en términos de diputados y mayorías absolutas.
En cuanto a las acusaciones, se sostiene que Ábalos y García, junto con el empresario Víctor de Aldama, se vieron implicados en amañar contratos de compra de mascarillas durante la pandemia a cambio de comisiones ilegales. Las cifras de condena que podrían enfrentar son severas, siendo de hasta 30 años para Ábalos y su asesor, mientras que de Aldama podría enfrentar siete años de prisión.
