Tras más de ocho años de huida, Carles Puigdemont afronta el inicio de 2026 como el momento definitivo para su posible regreso a España. Los próximos tres meses se presentan como una partida de ajedrez jurídico a tres bandas entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Constitucional (TC) y un Tribunal Supremo (TS) que, hasta ahora, se ha mantenido firme en su negativa a amnistiar el delito de malversación.
La hoja de ruta de la defensa: El «efecto dominó»
En el entorno del líder de Junts reina el optimismo. Confían en que una resolución favorable de la justicia europea desencadene una reacción en cadena que obligue al Supremo a rectificar:
1. Febrero: El fallo del TJUE. Se espera que la corte de Luxemburgo siga las conclusiones del abogado general, Dean Spielmann, quien dictaminó que la amnistía no vulnera el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión.
2. Marzo: El amparo del Constitucional. Con el aval de Europa, el TC (de mayoría progresista) tendría el camino despejado para anular las resoluciones del Supremo, alegando una vulneración de derechos fundamentales al no aplicar la ley a la malversación.
3. La interpretación de la malversación: La clave reside en si el TJUE aclara que el uso de fondos públicos para el procés no supuso un «enriquecimiento personal», desmontando así el argumento que el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal han utilizado para excluir a Puigdemont de la medida de gracia.
El «Match Ball» del Tribunal Supremo
Pese a las expectativas de Waterloo, el Tribunal Supremo aún guarda una carta decisiva. Si el TJUE no es lo suficientemente explícito sobre la malversación, el TS podría plantear su propia cuestión prejudicial.
• Paralización del proceso: Esta maniobra congelaría de nuevo la aplicación de la amnistía para los huidos y condenados (como Oriol Junqueras) hasta que Luxemburgo responda específicamente sobre el desvío de fondos.
• El riesgo del «acto aclarado»: El entorno de Puigdemont advierte de que, si el TJUE ya se pronuncia de forma amplia en febrero, cualquier nueva consulta del Supremo podría ser inadmitida por considerarse un asunto ya resuelto.
¿Regreso con riesgo de detención?
El escenario más probable sitúa a Puigdemont regresando a España si el Tribunal Constitucional le otorga el amparo antes de primavera.
• Libertad provisional: Aunque la orden de detención sigue técnicamente en vigor, los juristas señalan que, tras el amparo del TC, el Supremo difícilmente podría mantener medidas cautelares de prisión. Puigdemont tendría que comparecer ante el TS, pero previsiblemente quedaría en libertad a la espera del cierre definitivo de la causa.
Un contexto europeo endurecido
Este pulso judicial coincide con la tramitación en Bruselas de una nueva directiva anticorrupción que busca endurecer las penas por malversación. Este factor es el que el Supremo utiliza como base para dudar de la legalidad de amnistiar el desvío de dinero público, un argumento que Puigdemont espera haber neutralizado para el próximo mes de marzo.
