La iniciativa parlamentaria para reducir la tasa legal de alcoholemia en España, que pretende bajar el límite de 0,5 g/l a 0,2 g/l en sangre, permanece paralizada en el Congreso de los Diputados ante el estancamiento de las negociaciones entre los grupos políticos.
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Aunque la propuesta cuenta con amplio respaldo general y fue impulsada por el PSOE y el Ministerio del Interior como medida para mejorar la seguridad vial, su tramitación sigue detenida en la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara baja. El motivo, según fuentes parlamentarias consultadas, es la presión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que condiciona su apoyo a la cesión de competencias sobre los exámenes de conducir a la Generalitat.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ha reclamado en reiteradas ocasiones que la reforma se apruebe sin más dilaciones, subrayando su carácter “aplazable”. Sin embargo, los contactos entre los socialistas y el resto de formaciones no han avanzado lo suficiente para desbloquear la situación.
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ERC sostiene que la transferencia de la gestión de los exámenes de conducir a Cataluña agilizaría la reducción de las listas de espera y mejoraría la organización de estas pruebas, algo que consideran indispensable antes de respaldar definitivamente la rebaja de la tasa de alcoholemia.
La modificación legislativa también contempla unificar el límite máximo de alcohol en sangre para todos los conductores y prohibir la difusión de información sobre los controles de alcohol y drogas por motivos de seguridad vial, aspectos que forman parte del texto pendiente de aprobación.
