Alejandro, el vecino que en noviembre de 2025 relató ante las cámaras cómo intentó salvar la vida de Eugenia Guevara, asesinada presuntamente por su pareja en un piso de Zaragoza, ha pasado de ser reconocido públicamente por su valentía a quedar investigado judicialmente por un delito de omisión del deber de socorro.
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Los hechos se remontan a la mañana del 4 de noviembre, cuando Eugenia, nicaragüense de 49 años, fue asesinada en su vivienda de la calle Privilegio de la Unión. Alejandro, vecino del inmueble, alertó a la Policía tras escuchar gritos desesperados de auxilio procedentes del piso superior. Horas después, visiblemente afectado, explicó en Aragón TV que había golpeado la puerta con puños y patadas durante varios minutos sin conseguir abrirla y que solo con la llegada de los agentes se logró forzar la entrada. Para entonces, la mujer ya había fallecido.
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Su testimonio, en el que relataba incluso cómo se abalanzó sobre el presunto agresor cuando era detenido, generó una ola de apoyo en redes sociales, donde fue calificado como un vecino valiente e impotente ante la brutalidad del crimen.
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Sin embargo, apenas unas semanas después, la hija de la víctima, Karolina Blandón Guevara, presentó una denuncia penal contra él. El escrito, admitido a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, sostiene que Alejandro no actuó con la diligencia debida pese a ser consciente de la gravedad de la situación. La magistrada ha acordado deducir testimonio y el vecino figura ahora como investigado.
La denuncia subraya que la muerte de Eugenia se produjo entre la llamada realizada por Alejandro al 091 y la entrada de los agentes en la vivienda, y cuestiona que el vecino no intentara una acción más directa para detener la agresión. También pone el foco en una grabación de audio realizada desde el exterior del piso, en la que se escuchan los gritos de agonía de la víctima y que fue enviada posteriormente a su hija. Para la acusación, este audio demuestra que Alejandro era plenamente consciente del riesgo vital que corría Eugenia.
Además, el escrito recoge que el denunciado conocía desde hacía tiempo la situación de violencia de género que sufría la víctima y que no llamó de inmediato a la Policía, lo que, según la acusación, supuso la pérdida de un tiempo clave para el auxilio.
Alejandro rechaza de plano estas acusaciones. Asegura que estuvo varios minutos intentando derribar la puerta, que comenzó a grabar por indicación de otra vecina y que la Policía llegó “en cuestión de minutos”. Defiende que entrar al piso habría puesto en riesgo su propia vida y afirma que, de no haber intervenido él, el presunto asesino podría haber huido.
“Si llego a entrar, me juego la vida”, sostiene, mientras asegura que se encuentra en tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad desde el crimen.
El presunto autor del asesinato, Abel, de 63 años, permanece en prisión tras recuperarse de una tentativa de suicidio con amoniaco. Mientras la investigación principal por el crimen sigue su curso, el caso suma ahora un nuevo y controvertido capítulo judicial que reabre el debate sobre los límites del deber de socorro en situaciones extremas de violencia.
