El BOCCE del 16 de enero de 2026 mantiene exámenes de desarrollo a pesar del mandato de la Asamblea de implantar pruebas tipo test, alimentando dudas sobre transparencia, igualdad y posibles tratos de favor.
La indignación crece en Ceuta tras la publicación del BOCCE nº 6.583, que recoge convocatorias de oposiciones con exámenes tradicionales de desarrollo, obviando deliberadamente el acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta en enero de 2024 para implantar pruebas tipo test en todas las categorías de los grupos C y equivalentes. La decisión del Gobierno de publicar bases con el modelo antiguo se percibe como una ruptura directa del mandato político de la Asamblea y, para muchos, como una amenaza real a la objetividad del proceso.
Lejos de aplicar el formato test —el único capaz de garantizar correcciones automáticas, objetivas y libres de manipulación— la Ciudad ha decidido mantener ejercicios de desarrollo y lecturas ante el tribunal. Este modelo, duramente criticado durante años por su alto grado de discrecionalidad, vuelve a situar los procesos selectivos en un marco donde puede influir quién corrige, cómo corrige y a quién beneficia.
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Varios opositores califican esta publicación como una “desobediencia encubierta” al acuerdo plenario: un acuerdo que no era simbólico, sino vinculante. Mantener el formato escrito cuando la Asamblea ordenó exactamente lo contrario es, según denuncian, “abrir la puerta a sospechas de favoritismos, enchufismo y valoraciones a medida”.
El riesgo no es menor. En un examen de desarrollo, recuerdan los afectados, no existe un criterio objetivo universal:
- la calificación depende del tribunal,
- la valoración puede ser interpretativa,
- y no hay forma de garantizar que todos los aspirantes sean evaluados con el mismo rasero.
Esto no solo genera desconfianza, sino que ataca el principio de igualdad que debe regir cualquier proceso público. ¿Por qué no se aplican los test, si ya están aprobados por la Asamblea y son el formato más transparente? ¿Qué interés hay en mantener un sistema donde las decisiones pueden ser subjetivas e incluso arbitrarias?
Exigen por ello la modificación inmediata de las bases y su adaptación al acuerdo plenario. Si la Ciudad no rectifica, advierten que podrían iniciarse recursos, impugnaciones e incluso acciones judiciales, porque mantener un sistema que permite discrecionalidad cuando existe un mandato político claro es, como mínimo, una irregularidad grave.
Mientras la polémica crece, una idea se repite entre los opositores:
“Si no quieren implantar el tipo test, es porque el desarrollo deja demasiado margen para beneficiar a quien interese”.
Y en un proceso público, eso —dicen— es simplemente inaceptable.
