El Tribunal Supremo ha rechazado de forma provisional dos recursos que pretendían frenar la aplicación de partes esenciales del decreto del Gobierno para regular la creación y funcionamiento de universidades, una norma diseñada para poner límites a las denominadas universidades chiringuito.
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En dos autos fechados el 27 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió no adoptar medidas cautelares mientras se resuelve el fondo de los recursos presentados por varias instituciones y administraciones autonómicas. Entre los recurrentes se encuentra la Universidad Hespérides, con sede en Canarias y modalidad a distancia, así como cuatro universidades extranjeras con actividad en España: CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín.
El decreto, aprobado en octubre de 2025, introduce cambios en la normativa de creación y reconocimiento de universidades con el objetivo de controlar la proliferación de nuevos centros y titulaciones sin garantías suficientes de calidad. Entre sus principales medidas figuran la limitación del número de nuevos títulos oficiales en relación con la oferta ya existente, la exigencia de verificación previa para ampliar estudios y la obligación de que al menos el 75 % del profesorado de las universidades online resida en España o en la Unión Europea.
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Las universidades recurrentes sostienen que estas exigencias suponen trabas administrativas excesivas, además de un trato discriminatorio para centros pequeños o de origen extranjero. No obstante, el Tribunal Supremo considera que no se ha acreditado un perjuicio grave para el interés general que justifique la suspensión cautelar del decreto antes de que se dicte una sentencia definitiva.
En el caso de la Universidad Hespérides, el alto tribunal impuso además las costas procesales, al entender que no aportó pruebas suficientes para respaldar el impacto negativo que alegaba. Las peticiones de las universidades extranjeras también fueron desestimadas, pese a que argumentaron dificultades para adaptarse a los nuevos requisitos en el plazo establecido.
El Gobierno defiende la norma como una herramienta imprescindible para reforzar la calidad del sistema universitario español y evitar prácticas irregulares en la oferta educativa, mientras el debate continúa abierto entre administraciones, instituciones académicas y la comunidad educativa sobre el alcance real de la regulación.
