Tres juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han advertido de posibles demoras en la tramitación de sus procedimientos debido a la sobrecarga de trabajo y la falta de personal, con varias vacantes pendientes en sus plantillas. La notificación se ha enviado a los abogados que tienen causas abiertas en estos juzgados, explicando que la situación podría afectar los plazos habituales de resolución.
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Los juzgados centrales de instrucción 1, 5 y 6, encargados de investigar delitos complejos como corrupción, estafas, narcotráfico o terrorismo, habían alertado previamente de una “situación próxima al colapso” y una “inasumible carga de trabajo” tras una reunión celebrada el 16 de enero, en la que subrayaron la insuficiencia de la plantilla actual.
En la providencia del juzgado central 1, el magistrado Francisco de Jorge explica que la combinación de macroprocesos, sumarios complejos y múltiples causas con presos hace imposible tramitar los procedimientos dentro de plazos razonables, lo que provocará demoras en la resolución de escritos. El juzgado tiene cuatro vacantes entre sus funcionarios, mientras que en el juzgado 6 la cifra asciende a seis, según el magistrado Antonio Piña.
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Además, ambos jueces señalan que el cese de medidas de apoyo, como la asignación de un magistrado de refuerzo aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, ha agravado la situación tras la constitución del Tribunal Central de Instancia y la aplicación de la nueva ley de Eficiencia en el Servicio Público de la Justicia. Piña alerta de que la asignación de procedimientos a los funcionarios actuales resulta “imposible” y que cualquier consulta experimentará demoras.
A pesar de estas dificultades, los magistrados garantizan que se mantendrán las declaraciones ya señaladas y que se dará respuesta a las solicitudes, priorizando aquellas de carácter urgente. El juez De Jorge precisa que se tramitarán con preferencia las causas con presos, de terrorismo y otras diligencias urgentes, mientras que las demás podrían experimentar retrasos.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ya había solicitado al CGPJ la creación de dos nuevos juzgados para aliviar la sobrecarga. Recientemente, el Consejo aprobó reforzar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con tres magistrados en comisión de servicios. Esta situación coincide con la presión en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ha propuesto recientemente recurrir a la mediación en casos complejos, como el del “cartel de los camiones”, fabricantes que pactaron precios en Europa entre 1997 y 2011.
