En un movimiento clave para la regeneración democrática, el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. La medida estrella de esta reforma es la imposición de un tope del 35% a la inversión publicitaria institucional que un medio de comunicación puede recibir, buscando garantizar la pluralidad y evitar el control financiero a través de fondos públicos.
Las claves de la nueva regulación
Esta normativa no solo afecta a la Administración General del Estado, sino que vincula también a comunidades autónomas y ayuntamientos, obligándoles a un ejercicio de transparencia sin precedentes en el reparto de sus presupuestos.
- Límite de financiación: Ningún medio podrá concentrar más del 35% de la tarta publicitaria de una administración específica.
- Transparencia total: Se exigirá que se haga público cuánto dinero invierte cada organismo y en qué soportes específicos se deposita.
- Adaptación digital: La ley reconoce el nuevo ecosistema mediático, otorgando mayor peso a los diarios y plataformas nativas digitales frente a formatos tradicionales.
- Marco Europeo: La reforma alinea finalmente a España con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, vigente desde agosto pasado.
«Transparencia y no discriminación»
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que el objetivo principal es modernizar un sistema que se había quedado atrás respecto a la realidad del sector.
Te interesa
«Buscamos incrementar la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos. Es fundamental que la ciudadanía sepa cómo y dónde se invierte su dinero», afirmó Saiz.
Esta reforma forma parte de las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024, y pretende blindar la independencia editorial frente a posibles presiones económicas ejercidas desde las instituciones públicas.
Impacto en el sector
Con esta medida, el Ejecutivo espera un reparto más equitativo de los fondos, permitiendo que medios más pequeños o hiperlocales tengan acceso a recursos que antes solían concentrarse en los grandes grupos de comunicación. Además, se busca evitar la existencia de medios cuya supervivencia dependa exclusivamente de la inversión gubernamental, fomentando un mercado más competitivo y libre.
