El Boletín Oficial del Estado recoge este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros que libera toda la información relativa al golpe de Estado de 1981. El Gobierno considera que el acceso público a estos archivos no compromete la defensa del Estado tras 45 años de los hechos.
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Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado que hizo tambalear la democracia española, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo definitivo para la desclasificación de todos los documentos relacionados con el 23-F. El Ejecutivo, tras la deliberación del Consejo de Ministros celebrada ayer martes, ha determinado que la reserva de esta información ya no se encuentra justificada, al entender que su difusión no supone en la actualidad un «riesgo para la seguridad y defensa del Estado».
Acceso público a partir de las 12:00 horas
Aunque la publicación oficial se ha producido a primera hora de este miércoles, el acceso efectivo a la documentación está programado para las 12:00 horas del mediodía. A partir de ese momento, los ciudadanos e investigadores podrán consultar el material a través de la página web de La Moncloa. El acuerdo alcanza a «cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos» vinculados a la asonada militar liderada por el teniente coronel Antonio Tejero.
La medida ha sido impulsada de forma conjunta por los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa e Interior. Esta acción coordinada busca garantizar el derecho fundamental a recibir información veraz y el acceso a los archivos y registros públicos.
Argumentación jurídica y fin de la reserva
El texto del acuerdo, que consta de tres páginas, fundamenta la decisión en el tiempo transcurrido desde aquel 23 de febrero de 1981. El Gobierno alega que, habiendo sido los autores definitivamente condenados por rebelión militar por el Tribunal Supremo en abril de 1983, la desclasificación de los archivos puede realizarse hoy «sin generar ningún riesgo real y presente» para la estabilidad institucional o la defensa nacional.
El BOE subraya que la sustracción de estos datos al escrutinio público ya no está justificada por razones de seguridad estatal, si bien la difusión de los mismos se realizará sin perjuicio de las restricciones que pudieran derivarse de otras normas vigentes en el ordenamiento jurídico español. Con este paso, se cierra un ciclo de opacidad sobre uno de los episodios más críticos de la historia contemporánea de España, permitiendo una reconstrucción documental completa de los hechos que acontecieron en el Congreso de los Diputados.
