La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha emitido un informe clave este lunes, 9 de marzo de 2026, en el que sostiene que, «en este momento», no existen datos o indicios con la solidez necesaria para justificar la imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024.
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El TSJCV deberá decidir el futuro de la causa
Tras analizar la exposición razonada de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra —quien sí aprecia indicios de responsabilidad penal contra Mazón—, el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que devuelva el procedimiento al juzgado de instrucción original.
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A pesar de este freno inicial, la Fiscalía mantiene una postura cautelosa:
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- No se descarta responsabilidad futura: El informe admite que, conforme avance la instrucción, podrían aparecer documentos o testimonios que demuestren que Mazón dio órdenes directas y erróneas durante la emergencia.
- Devolución al instructor: Se propone que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja siga adelante con las pesquisas antes de elevar la causa a una instancia superior.
Estrategias de defensa y acusación
El cierre del plazo para presentar alegaciones ha dejado un escenario judicial complejo:
- Salomé Pradas: La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior ha solicitado el sobreseimiento libre de su causa. No obstante, ha matizado que, si el TSJCV decide investigar finalmente a Mazón, este tribunal debería asumir la causa completa de forma inmediata.
- Emilio Argüeso: El ex secretario autonómico de Emergencias, también imputado, ha pedido que el TSJCV se quede con toda la investigación si se admite el caso contra el expresident.
- Acusación Popular: La Associació Víctimes de la dana 29 de octubre ha solicitado un movimiento inusual: que el TSJCV no aplique el aforamiento de Mazón y permita que sea investigado directamente por el juzgado ordinario de Catarroja.
El contexto: La gestión de la emergencia, que se cobró la vida de 230 personas, sigue bajo un intenso escrutinio judicial para determinar si hubo negligencia penal en la cadena de mando de la Generalitat.
