La inmobiliaria tilda de «cuestión política» la multa impuesta por el ministerio de Pablo Bustinduy y acude a la vía Contencioso-Administrativa para defender su presunción de inocencia
La inmobiliaria Alquiler Seguro ha anunciado este jueves que recurrirá ante la justicia la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030. La compañía ha reaccionado con dureza tras la confirmación de la multa por parte del ministro Pablo Bustinduy, quien este miércoles rechazó el recurso de reposición interpuesto por la empresa contra la resolución que le atribuye presuntas prácticas abusivas hacia sus inquilinos.
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Desde la dirección de Alquiler Seguro han aseverado que las acusaciones vertidas por el Ejecutivo «no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa». La firma sostiene que la interpretación de la normativa realizada por el departamento de Consumo es «parcial y sesgada», y enmarca el procedimiento dentro de una estrategia ideológica.
Un conflicto «político» con impacto reputacional
La compañía ha sido tajante al señalar que «toda esta situación es una cuestión política y no legal». En este sentido, denuncian que la publicidad dada a la sanción genera un «daño reputacional incalculable» para la marca, tanto en el contexto actual como en anteriores expedientes. Según la inmobiliaria, la actuación del ministerio busca castigar al sector más que corregir anomalías contractuales reales.
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Tras el agotamiento de la vía administrativa con el rechazo del ministro Bustinduy, Alquiler Seguro llevará el caso ante el Contencioso-Administrativo. La empresa confía en que los tribunales corrijan lo que consideran una resolución arbitraria y reestablezcan la legalidad en torno a sus honorarios y servicios, los cuales han sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades de Consumo en los últimos meses.
