La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en Cataluña tras casi dos años de batalla judicial, vuelve a situar en el centro del debate público la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Un mes después del fallecimiento de su hija, Yolanda Ramos ha publicado un vídeo en redes sociales en el que pide la derogación de la norma y dirige su petición al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
En su mensaje, Ramos sostiene que su hija “no tenía ninguna enfermedad terminal” y afirma que padecía problemas de salud mental, entre ellos trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. La madre considera que Noelia no recibió el tratamiento médico y sociosanitario que, a su juicio, necesitaba antes de acceder a la prestación de ayuda para morir.
La petición de la madre llega después de un caso que generó una fuerte conmoción social y jurídica. Noelia Castillo falleció el 26 de marzo de 2026 en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, después de que distintas instancias judiciales avalaran su solicitud frente a los recursos presentados por su padre. RTVE recogió que el proceso pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La madre reclama la desaparición de la norma
Yolanda Ramos pide ahora que la ley “desaparezca” y asegura que no quiere que se repitan casos como el de su hija. En el vídeo, expresa su desacuerdo con que una persona con enfermedades mentales pueda acceder a la eutanasia y lamenta que, al ser Noelia mayor de edad, la familia no pudiera intervenir en su historial médico ni en su decisión.
La madre también ha anunciado su intención de crear una fundación con el nombre de Noelia para acompañar a personas con problemas de salud mental. Su testimonio supone un cambio de tono respecto a declaraciones anteriores, en las que había manifestado que respetaba la voluntad de su hija aunque no compartiera su decisión.
El caso, sin embargo, fue avalado por los órganos competentes tras varios informes médicos y judiciales. Según Maldita.es, que tuvo acceso a resoluciones del caso, la sentencia no presentó a Noelia como una persona que recibiera la eutanasia “por depresión”, sino que recogía una lesión medular lumbar incurable y no rehabilitable, considerada crónica, permanente e irreversible, además de un sufrimiento físico y psíquico constante.
Qué exige la ley española
La Ley Orgánica 3/2021 no limita la eutanasia a enfermedades terminales. La norma regula la prestación para personas que se encuentren en una situación de enfermedad grave e incurable o de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, siempre que sufran un dolor físico o psíquico intolerable y se cumplan las garantías previstas.
El Ministerio de Sanidad recuerda que la persona solicitante debe ser mayor de edad, capaz y consciente en el momento de la solicitud, formular dos peticiones voluntarias por escrito separadas por al menos quince días naturales, recibir información sobre su proceso médico y contar con la evaluación de profesionales sanitarios y de la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente.
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En el caso de Noelia, las resoluciones judiciales citadas por Maldita.es indicaron que los facultativos que la valoraron concluyeron que sus trastornos no afectaban a su capacidad de raciocinio y voluntad. También consta que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña resolvió por unanimidad emitir informe favorable a la prestación en julio de 2024.
El debate llega al Parlament
La publicación del vídeo coincide con una nueva iniciativa política en Cataluña. El Parlament aprobó esta semana remitir al Congreso una propuesta de reforma de la ley de eutanasia y de la jurisdicción contencioso-administrativa para acortar los plazos judiciales en estos procedimientos. La iniciativa fue impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, con apoyo de Aliança Catalana, mientras que PPC y Vox se opusieron.
El texto plantea que los recursos contra el dictamen de una comisión que avale la eutanasia se presenten ante el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad en un plazo máximo de tres días, y que la sala resuelva de forma abreviada e improrrogable. La propuesta llega precisamente tras el caso de Noelia, cuya prestación se retrasó cerca de dos años por los litigios judiciales.
El caso Castillo mantiene abiertas dos discusiones distintas: por un lado, la defensa del derecho de una persona adulta a decidir sobre su vida en los supuestos previstos por la ley; por otro, la preocupación de parte de su entorno familiar y de sectores críticos por las garantías cuando existen antecedentes de enfermedad mental. La controversia seguirá ahora tanto en el plano político como en el jurídico, mientras la familia de Noelia reclama cambios de fondo en la normativa.
