Madrid — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo preventivo de un total de 490.780 euros en las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado intensifica de esta manera las medidas cautelares dentro de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra.
La orden de inmovilización de saldos se adopta a instancias de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de una medida preventiva habitual orientada a asegurar eventuales responsabilidades civiles en el futuro.
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El rastro financiero bajo sospecha
El importe bloqueado por el juzgado coincide exactamente con el total de los fondos que el expresidente habría recibido de la consultora Análisis Relevante S.L., propiedad de su amigo personal Julio Martínez (empresario que fue detenido el pasado mes de diciembre). La Fiscalía y el juez sospechan que esta empresa operó de forma «instrumental» para encubrir pagos ilícitos de la trama.
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De acuerdo con el rastreo financiero reflejado en el procedimiento:
- Año 2020: Constan tres transferencias a favor del exdirigente socialista que suman 29.680 euros.
- Entre marzo de 2021 y junio de 2025: Una cuenta bancaria compartida entre Zapatero y su esposa recibió ingresos periódicos de dicha consultora por valor de 445.200 euros.
El juez Calama sostiene en sus autos que este flujo económico coincide en el tiempo con supuestas gestiones dirigidas a influir ante altos cargos públicos para facilitar la concesión del préstamo estatal de 53 millones de euros con el que el Gobierno rescató a Plus Ultra en marzo de 2021. Asimismo, la investigación rastrea el envío de otras partidas de fondos sospechosos hacia empresas del entorno familiar directo de Zapatero, como la firma What The Fav, propiedad de sus hijas.
La investigación de una presunta estructura en Dubái
La instrucción apunta a que el supuesto delito de tráfico de influencias se habría canalizado a través de un entramado societario opaco. El magistrado atribuye a Zapatero haber ordenado presuntamente la creación de una sociedad offshore denominada Landside en la zona franca de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), participada al 100% por la mercantil española Idella Consulenza Strategica. Según la tesis judicial, el objetivo detrás de esta estructura era desviar la comisión acordada —equivalente a un 1% del rescate público inyectado por el Estado— y evitar de esta forma el control de la Hacienda pública española.
Citación judicial y estrategia de defensa
Este bloqueo patrimonial llega apenas dos días después de que la Audiencia Nacional notificara formalmente la imputación de Zapatero, a quien el juez sitúa en la cúspide de la presunta red. El expresidente está citado a declarar en el tribunal el próximo 2 de junio. No obstante, fuentes jurídicas indican que su representación legal sopesa la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la cita para disponer de más tiempo para instruirse en la causa o, de mantenerse la fecha, acogerse a su derecho a no declarar en esta primera instancia.
Por su parte, el expresidente ha defendido de manera tajante su total inocencia, asegurando que:
- «Jamás» ha poseído una sociedad mercantil ni de forma directa ni por medio de terceros, ni en España ni en el extranjero.
- Nunca ha realizado gestiones de mediación ante administraciones públicas ni sectores gubernamentales en beneficio del rescate de la aerolínea.
- Los cobros percibidos de la consultora Análisis Relevante (con una media de 70.000 euros brutos anuales) correspondieron estrictamente a trabajos de asesoría profesional legítimos, todos debidamente facturados y declarados ante el IRPF.
