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El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha exigido este lunes la dimisión inmediata del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco. Samper considera que ambos deben asumir «responsabilidades políticas y de gestión» tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que se saldó con 46 personas fallecidas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, el portavoz de las víctimas ha sido tajante al señalar las graves negligencias de mantenimiento que provocaron el siniestro.
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Una «ruleta rusa» de 22 horas con un raíl roto
En una declaración de enorme dureza, Samper ha revelado que existen «evidencias más que claras» de que el carril de la vía llevaba roto 22 horas antes del accidente sin que ningún sistema de control o personal lo detectara.
«Pasaron a modo de ruleta rusa 25 trenes por encima. Tres de ellos tienen señales que indican claramente que la vía estaba rota y nadie lo miró, nadie lo detectó, porque no nos ocupamos de eso en este país», ha lamentado el presidente de la asociación.
Respecto al presidente de Adif, Luis Pedro Marco —a quien ha reconocido como el único cargo público que les ha pedido perdón hasta la fecha—, Samper ha rechazado su intención de mantenerse en el cargo a la espera de una resolución judicial. «No es necesario que haya una resolución porque él es el máximo responsable de la infraestructura y hubo 46 personas fallecidas», ha aseverado.
Indignación ante la respuesta del ministro Óscar Puente
La asociación ha mostrado su absoluta «estupefacción» ante la respuesta que el ministro Óscar Puente les trasladó al ser cuestionado por su dimisión, argumentando que él «no había soldado el raíl».
Para Samper, esta contestación resulta inaceptable:
- Responsabilidad en cadena: «Efectivamente, él no soldó el carril, pero la persona que designa a quien es el máximo responsable de esa infraestructura consideramos que también es responsable claramente».
- Crítica a la seguridad del modelo español: Frente al discurso oficial del Gobierno que defiende la infalibilidad de la red, Samper ha sentenciado que «el tren en España no es seguro». Ha puesto como contraejemplo el modelo de Japón, con 50 años de alta velocidad sin accidentes mortales, señalando que «esa tiene que ser nuestra referencia».
Más de 300 afectados y desamparo burocrático
El presidente de AVDA ha elevado la cifra total de víctimas a 352 personas (la totalidad del pasaje restando los fallecidos), debido al severo impacto psicológico que sufren los supervivientes.
El impacto socioeconómico en las familias:
- Pérdida de ingresos: Muchas de las víctimas son autónomos o trabajadores cuyos ingresos se han visto mermados, o familias que han perdido el sustento económico de los fallecidos.
- Trabas burocráticas: La asociación exige un proceso de indemnización «mucho más ágil» para evitar que el sufrimiento de los afectados se enquiste en los despachos.
Finalmente, Samper ha denunciado el «abandono» institucional, criticando que la Oficina de Atención a las Víctimas (creada tras el accidente de Angrois en 2013) ha brillado por su ausencia en esta catástrofe. Según ha explicado, al ser preguntado por este organismo, el ministro Puente se limitó a «mover la cabeza» sin ofrecer ninguna respuesta habituable a los afectados.
