Policía Nacional y Guardia Civil exponen el impacto del cibercrimen y las nuevas amenazas digitales, mientras que expertos del sector analizan la identidad digital y el éxito del modelo fiscal ceutí.
Ceuta — La segunda parte del encuentro tecnológico y de juego online Bet On Ceuta se consolidó como un espacio clave para el análisis de los retos más urgentes que afronta la industria del iGaming. A lo largo de la mañana, la regulación jurídica, la optimización de los sistemas de pago, la fiscalidad y la protección del usuario centraron las ponencias de un sector cada vez más exigente.
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El marco jurídico y el atractivo fiscal de Ceuta
La actualidad legal del juego online en España abrió el debate con una mesa coprotagonizada por representantes de JDigital y el despacho Asensi Abogados, quienes desgranaron la evolución de las licencias y los crecientes desafíos normativos a los que se enfrentan los operadores.
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Asimismo, la tecnología aplicada a la verificación de usuarios tuvo un papel protagonista en la ponencia «La identidad como llave maestra: jugar seguro sin fricción». En ella, se debatió cómo equilibrar la estricta protección de menores y las políticas de juego responsable con una experiencia de usuario ágil y sin trabas.
Por otro lado, la consultora EY analizó el consolidado régimen fiscal diferenciado de Ceuta. Los expertos repasaron el éxito de las empresas que han trasladado su sede de dirección efectiva a la ciudad autónoma, confirmando que el marco tributario local se mantiene como un imán sumamente atractivo para la inversión en economía digital.
Golpe policial al fraude internacional: La ‘Operación Sunflowers’
Uno de los momentos de mayor impacto de la jornada estuvo a cargo de David Calvete, jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional, quien expuso los resultados de la Operación Sunflowers. Esta investigación internacional logró desarticular una red criminal que realizaba fraudes masivos en plataformas de apuestas.
Claves de la Operación Sunflowers:
- Modus operandi: Captaban a mujeres refugiadas ucranianas vulnerables y usurpaban la identidad de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas para operar con sistemas automatizados de apuestas.
- Dinero movilizado: La trama movió cerca de 5 millones de euros, blanqueados posteriormente en inversiones inmobiliarias por Europa.
- Resultado: 12 detenidos en Alicante y Valencia (6 en prisión provisional) y más de 240 denuncias por usurpación de identidad esclarecidas.
La Cibercomandancia de la Guardia Civil inmoviliza más de 5 millones de euros
La ciberseguridad continuó bajo el foco con la intervención de Jorge Ponte Rodríguez, responsable de la nueva Cibercomandancia de la Guardia Civil, unidad creada hace un año para mitigar el auge de los delitos en la red.
Ponte reveló que la unidad ha gestionado miles de denuncias y participado en la investigación de unos 28.000 ciberdelitos, de los cuales el 55% corresponden a ciberestafas. Gracias a su rápida intervención, la Cibercomandancia ha solicitado el bloqueo de más de 28 millones de euros vinculados a actividades delictivas, consiguiendo inmovilizar de forma efectiva más de 5 millones de euros.
El balance de la unidad hasta la fecha incluye:
- 242 bloqueos positivos de cuentas bancarias.
- 1.700 atestados tramitados y 453 delitos esclarecidos.
- 664 personas detenidas o investigadas.
Ponte lanzó además una advertencia sobre la evolución del perfil del delincuente digital: «Hoy en día, muchos delitos se cometen con herramientas accesibles y apoyadas por sistemas de inteligencia artificial, perpetrados por nativos digitales que distan mucho de la imagen tradicional del hacker ultraespecializado».
Alianza por un juego seguro
La jornada también reservó un espacio prioritario para la prevención de conductas de riesgo mediante una mesa sobre juego seguro donde participaron firmas como BetBlocker, Paf España y AdmiralBet España. Los ponentes coincidieron unánimemente en que el crecimiento de la economía digital debe avanzar en perfecta sintonía con la regulación, la seguridad tecnológica y una colaboración férrea entre operadores y fuerzas de seguridad para blindar al usuario final.
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