Madrid.— La acusación popular unificada en el ‘caso Leire’, coordinada por el Partido Popular, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas.
La petición se fundamenta en las presuntas maniobras e influencias de la exmilitante socialista Leire Díez para que se abriera una investigación interna contra la Unidad Central Operativa (UCO) por supuestas filtraciones en las causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. La acusación considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos.
Las declaraciones que reactivan el caso
La solicitud de la acusación llega tras las recientes declaraciones testificales de altos mandos del instituto armado. Entre ellas destaca la del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO, Manuel Llamas, pidió a la unidad «ponerse de perfil» y no ser «proactivo» en investigaciones con «afectación política», si bien los mandos matizaron que no llegaron a sentirse coaccionados.
Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado, donde negó tajantemente haber participado en «ninguna trama o conspiración contra la UCO ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie».
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Las cuatro contradicciones que señala la acusación
En el escrito remitido al juez Pedraz, la acusación popular argumenta que la actual directora general de la Guardia Civil debe declarar como investigada debido a que ha incurrido en al menos cuatro contradicciones sobre su relación con Leire Díez:
- Encuentros no reconocidos: Inicialmente, a través del Ministerio del Interior, se negó cualquier cita. Posteriormente, González admitió dos encuentros en cafeterías y, finalmente, un tercero que justificó por «cuestiones personales y familiares». La UCO fecha estas reuniones el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
- Readmisión de un mando imputado: Se constató que la directora solicitó la readmisión en el cuerpo del comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’ y con quien Leire Díez se habría reunido previamente para recabar información.
El rastro de los mensajes borrados
La sospecha de la UCO: Los informes policiales apuntan a que Leire Díez estuvo detrás de la apertura de una información reservada en el cuerpo para indagar si la UCO filtró a la prensa mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez.
La investigación vincula esta maniobra con el cruce de comunicaciones entre Díez y la directora general de la Guardia Civil. Según la UCO, al día siguiente de publicarse dichos mensajes en los medios, ambas se intercambiaron textos que posteriormente fueron eliminados.
El informe técnico revela que en esa fecha se detectó el inicio de un nuevo chat compatible con el borrado de conversaciones previas y la activación de la destrucción automática de mensajes con una cadencia de 24 horas. Para la acusación, esta «destrucción dolosa de fuentes de prueba» de forma contemporánea a la investigación contra la UCO constituye un indicio clave de responsabilidad penal.
