El investigado, que se enfrenta a acusaciones de violencia habitual, amenazas y vejaciones hacia su expareja, no pudo ratificar el acuerdo de conformidad debido a problemas de conectividad.
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La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta se vio obligada este jueves a aplazar la vista judicial contra un varón, cuyas iniciales corresponden a M.E.A., acusado de presuntos delitos de violencia habitual, amenazas y vejaciones injustas en el ámbito de la violencia de género. Los hechos que se le imputan habrían sido cometidos contra su expareja sentimental.
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Insultos y amenazas por canales digitales
De acuerdo con el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal expuesto en la vista celebrada este 9 de julio, el acusado y la denunciante mantuvieron una relación sentimental que se extendió hasta abril de 2025, periodo en el que llegaron a convivir juntos en Alemania.
La acusación pública señala que, concretamente el 2 de abril de ese año, el investigado se dirigió a la víctima tanto por vía telefónica como a través de la aplicación de mensajería WhatsApp profiriéndole graves insultos tales como “yonki”, “puta” y “guarra”.
Un fallo técnico que frena la conformidad
La audiencia preliminar de este jueves estaba fijada como una oportunidad para que el encausado reconociera formalmente los hechos delictivos a cambio de una rebaja sustancial en la petición de la pena por parte de la Fiscalía. Aunque existía un principio de acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público para alcanzar una sentencia de conformidad, la comparecencia debía realizarse de forma telemática.
Un fallo crítico en la conectividad de la videoconferencia impidió que el acusado pudiera declarar y ratificar dicho acuerdo, provocando la suspensión del acto.
Advertencia judicial para los próximos meses
Ante la imposibilidad de proceder, el magistrado titular del Juzgado número 2 de la Sección de lo Penal, Miguel Ángel Cano, procedió a señalar la celebración del juicio definitivo para los próximos meses, fecha en la que se espera que se pueda formalizar finalmente la conformidad entre las partes.
No obstante, el juez dictó una seria advertencia al investigado: de no asegurar su disponibilidad para comparecer en la próxima cita —sea o no para reconocer los cargos—, se ordenará su busca y captura inmediata. Esto se debe a que la pena privativa de libertad solicitada originalmente por el Ministerio Público «excede con mucho los dos años de prisión». A pesar de la gravedad de la petición inicial, las fuentes jurídicas apuntan a que no se prevé el ingreso en prisión del acusado, dado que carece de antecedentes penales y se mantiene la previsión de cerrar el proceso mediante el citado acuerdo de conformidad.
