MADRID – Una investigación periodística de El Mundo ha sacado a la luz el contenido de un informe confidencial remitido por Junts per Catalunya al PSOE a través de los mediadores de la fundación Henri Dunant en Suiza, tras la ruptura del pacto de investidura el pasado mes de octubre. El documento, cuyas notas fueron trasladadas en sobres en mano a Pedro Sánchez por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusa formalmente al Ejecutivo de utilizar de forma partidista al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía para dilatar la aplicación de la Ley de Amnistía y frenar el regreso inmediato de Carles Puigdemont.
La estrategia de la formación independentista, según el dossier, se fracturó al constatar un constante «baile de fechas» promovido por los negociadores socialistas (principalmente Santos Cerdán y el propio Zapatero). Junts sostiene que el PSOE les garantizó que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido avalaría de forma exprés la norma en junio de 2024, apenas un mes después de su aprobación parlamentaria. Sin embargo, dicha resolución se postergó un año completo, hasta finales de junio de 2025, una dilación que los secesionistas interpretan como una maniobra deliberada para consumir meses de legislatura asegurándose sus votos sin otorgar las contrapartidas pactadas.
Reproches directos a la Fiscalía y al control de las instituciones
El informe dedica un bloque de especial gravedad al papel de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, dirigida por Pablo Crespo. Junts tacha de «papel pasivo o incluso obstructivo» la oposición del Ministerio Público a las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont, quien exigía suspender la orden de busca y captura dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Los de Waterloo recriminan al Ejecutivo no haber intervenido ante la Fiscalía para suavizar dicha postura, acusando a Sánchez de buscar activamente que la orden de prisión preventiva siguiera vigente para evitar la inestabilidad política que provocaría el retorno físico del expresidente catalán a España. El dossier revela que Junts valoró incluir reproches similares contra la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, pero autodescartó la idea al admitir que estas instituciones no se encuentran bajo el control directo del poder ejecutivo, a diferencia —según su criterio— de la Fiscalía y la Corte de Garantías.
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Los cuatro «grandes incumplimientos» que tumbaron la legislatura
El documento detalla los cuatro ejes que motivaron la retirada definitiva del apoyo parlamentario de Junts a la coalición de Gobierno:
- La Ley de Amnistía: El retraso sistemático del aval del Constitucional y la falta de efectos inmediatos sobre la orden de arresto de Puigdemont tras el bloqueo del Supremo por el delito de malversación.
- Competencias de Inmigración: El fracaso en la transferencia exclusiva de estas materias a la Generalitat, tras comprometerse el PSOE a que el grupo parlamentario de Podemos no bloquearía la medida, algo que finalmente sucedió.
- Balanzas Fiscales: La no publicación del reconocimiento expreso de una deuda histórica del Estado con Cataluña estimada por los independentistas en, al menos, 20.000 millones de euros.
- Oficialidad del Catalán: La parálisis en la tramitación para convertir el catalán en lengua oficial dentro de la Unión Europea.
Próximos escenarios: El TJUE y el horizonte de otoño
Las comunicaciones intervenidas por la Policía Judicial al expresidente Zapatero confirman que la última vía de negociación abierta el pasado enero pasaba por presionar para obtener un nuevo fallo del Constitucional de cara al próximo otoño. Esta resolución clave buscaría enmendar la plana al Tribunal Supremo, declarando que la amnistía sí es aplicable al delito de malversación.
No obstante, el escenario político se mantiene a la espera de lo que ocurra en solo unos días, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte su sentencia definitiva sobre la adecuación de la ley a la normativa comunitaria en materia de terrorismo y fondos europeos. En las filas de Junts dan por hecho que el dictamen europeo les será favorable y ya contemplan el retorno definitivo de Carles Puigdemont a España después del verano, una maniobra con la que fían su recuperación electoral frente al avance de otras fuerzas del espectro independentista.
