MADRID – La historia política raramente ofrece segundas oportunidades con un alineamiento de astros tan perfecto como el que ha disfrutado Junts per Catalunya durante esta legislatura. La aritmética parlamentaria otorgó a los siete diputados de la formación independentista una posición de ventaja inédita frente a un Ejecutivo central dispuesto a ceder en casi cualquier terreno para asegurar la gobernabilidad. Sin embargo, la gestión de ese capital político ha evidenciado una desconexión creciente entre las prioridades de la cúpula de Waterloo y las urgencias reales de la sociedad catalana.
El poder de influencia se canalizó de manera casi exclusiva hacia un objetivo monográfico: la consecución de la Ley de Amnistía. Aunque desde el plano de la retórica soberanista Junts exhiba este logro como una victoria moral y una claudicación del Estado, la percepción en la calle dibuja un escenario muy distinto. La insistencia en anteponer las soluciones jurídicas personales a los problemas estructurales ha comenzado a pasar factura en las urnas y en los sondeos de opinión.
El CIS catalán activa las alarmas de la desconexión social
Los últimos estudios demoscópicos reflejan un serio desgaste en el bloque independentista tradicional. Las encuestas publicadas este verano coinciden en señalar un retroceso significativo para Junts, que se sitúa en un peligroso empate técnico con Aliança Catalana, la formación emergente que capitaliza el descontento en el espectro soberanista.
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El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) —el equivalente catalán al CIS— ha dejado al descubierto un severo desencuentro de prioridades:
- Los problemas reales: La ciudadanía sitúa a la cabeza de sus preocupaciones diarias el acceso a la vivienda (28%), seguido de la gestión de la inmigración (10%) y el deterioro de la seguridad ciudadana (10%).
- El debate soberanista: Las «relaciones Cataluña-España», el único indicador vinculado directamente al proceso independentista, se ha hundido hasta el subsuelo de la lista de preocupaciones, registrando apenas un 2% de interés.
A pesar de contar con la capacidad de condicionar las políticas estatales en materia económica, fiscal o habitacional, Junts optó por centrar su estrategia negociadora en la obtención de competencias abstractas. Un modelo que ha terminado por alienar a una base electoral que ve cómo el Gobierno central mantiene el rumbo en Madrid gracias a los apoyos de una formación que ahora intenta, paradójicamente, desmarcarse de su gestión.
El factor Waterloo y el choque con la nueva realidad
La estrategia de supervivencia de Junts fía todo su crédito al esperado regreso de Carles Puigdemont tras el verano. Sin embargo, el análisis político advierte de un obstáculo insalvable que «ni cien resoluciones judiciales a favor» podrán corregir: el impacto de nueve años de ausencia en el extranjero.
Cuando Puigdemont cruzó la frontera en el otoño de 2017, la realidad socioeconómica de Cataluña era radicalmente distinta; fenómenos como la crisis habitacional o los debates en torno a la inmigración no formaban parte del foco crítico de la agenda pública. La desconexión con el pulso cotidiano de la calle se hace patente en la propia actividad discursiva del expresidente, volcada en proclamas sobre la «represión del Estado» o el uso de la lengua, mientras sus competidores directos en el flanco nacionalista —como la líder de Aliança, Sílvia Orriols— centran su dialéctica en discursos expeditivos sobre la propiedad privada, el control de las mezquitas y la falta de vivienda. Son dos mundos distintos que rivalizan por el mismo tablero electoral y que amenazan con dejar a la vieja guardia de Waterloo atrapada en los códigos de una Cataluña que ya no existe.
