BADAJOZ — La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerarlo autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia dictada este martes determina que la plaza de «coordinador de los conservatorios» de Badajoz que David Sánchez obtuvo en julio de 2017 sufrió una modificación arbitraria en el año 2022, pasando a denominarse «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas». El tribunal señala que este cambio constituyó «una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección» mediante la cual se eliminó intencionadamente la cláusula de incompatibilidad con el único fin de «adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez».
Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación
El tribunal ha impuesto la mayor pena al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien condena a 18 años de inhabilitación especial como autor de dos delitos de prevaricación administrativa. El primero de ellos guarda relación con la modificación del puesto de David Sánchez, mientras que el segundo se debe a la propia creación y adjudicación de la plaza original de coordinador en 2017.
El fallo de los magistrados es contundente al respecto, argumentando que la creación de dicho puesto «no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido». Según la resolución, la génesis de esta plaza «obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general».
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Asimismo, los otros once procesados en la causa —cargos y excargos de la Diputación de Badajoz— han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial en calidad de cooperantes de prevaricación administrativa, vinculados a la plaza del hermano del presidente o a la de Luis Carrero, amigo de este último y contratado como «jefe de Programas de Actividades Transfronterizas». No obstante, la Audiencia de Badajoz ha absuelto a todos ellos del delito de tráfico de influencias.
REACCIONES POLÍTICAS
El Gobierno confía en la inocencia tras recurrir
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha transmitido la total confianza del Ejecutivo en la labor judicial y ha manifestado su convicción de que «instancias superiores» acreditarán la inocencia de David Sánchez una vez se sustancie el recurso a la sentencia. Saiz ha recordado que la causa judicial se abrió bajo la denuncia de una «organización ultraderechista» (en referencia a Manos Limpias), que el procedimiento careció de acusación particular y que la propia Fiscalía solicitó la libre absolución para el acusado.
El PSOE califica el fallo de «auténtica barbaridad»
Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha mostrado muy crítico y ha tachado la resolución judicial de «auténtica barbaridad». López ha denunciado públicamente una «cacería» y persecución contra la figura del presidente, Pedro Sánchez, y contra las siglas del PSOE. «Lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha», ha argumentado en los pasillos del Congreso, insistiendo en que no se ha perseguido un hecho delictivo sino a una persona en concreto «por ser el hermano del presidente del Gobierno».
Feijóo asegura que la condena prueba que «nadie está por encima de la ley»
En el espectro de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado a través de su cuenta en la red social X que esta resolución judicial demuestra la fortaleza de las instituciones y del Estado de Derecho: «Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles». Desde las filas de los populares se ha exigido de inmediato la dimisión de Pedro Sánchez, recordando además que esta se convierte en la «tercera condena» que cerca el entorno del líder socialista, sumándose a las del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el exministro de Fomento, José Luis Ábalos.
