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Ceuta. El traslado a la Península de cerca de 500 menores migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta continúa bloqueado por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y el Partido Popular, en un pulso que mantiene bajo una presión extraordinaria al sistema de protección de menores de la ciudad.
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Las menores llegaron durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. En total, Ceuta atiende a alrededor de 1.700 menores, para cuya atención el Gobierno aprobó una partida de 25 millones de euros.
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El Ejecutivo considera el traslado «imprescindible» y urgente. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido públicamente la operación y ha planteado la colaboración con organizaciones sociales de la Península como vía para llevarla a cabo.
El Partido Popular reclama garantías concretas sobre las plazas de acogida disponibles y cuestiona dónde serían atendidas las menores, además de criticar la falta de información inicial a las comunidades autónomas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han reclamado recuperar el control de la situación y proceder a los retornos que legalmente correspondan.
Con las posturas enrocadas, Ceuta no ha autorizado el traslado y el bloqueo político impide, por el momento, avanzar.
