La Fundación Foro Libertad y Alternativa recurre a la vía judicial contra la directora de Comunicación del Ministerio al considerar que la lista vulnera el Estado de Derecho y constituye posibles delitos de malversación y revelación de secretos.
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La Fundación Foro Libertad y Alternativa, entidad presidida por Alejo Vidal-Quadras, ha formalizado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid tras la filtración de un documento elaborado en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. El escrito judicial se dirige contra la directora de la citada oficina ministerial, María Nieves Goicoechea González, así como contra cualquier otro funcionario o cargo público que pudiera resultar responsable durante la instrucción de la causa, acusándolos de elaborar un registro sistemático orientado a fiscalizar a profesionales del periodismo.
El informe en cuestión, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en el año 2024, contiene una base de datos con información pormenorizada de aproximadamente 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios de comunicación. Según consta en el texto de la querella, en al menos 251 de los expedientes personales se incluyen anotaciones explícitas sobre la tendencia ideológica de los profesionales y su posicionamiento político respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, mediante etiquetas descriptivas como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
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La organización querellante considera un hecho de extrema gravedad institucional la utilización de recursos presupuestarios y medios públicos para confeccionar un fichero de control ideológico sobre la prensa, una práctica que asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han tachado de inasumible en un Estado de Derecho. A juicio de los promotores de la acción popular, los hechos denunciados encajan en supuestos tipificados como delitos de malversación de caudales públicos y de descubrimiento y revelación de secretos al manejar datos personales especialmente protegidos sin justificación o finalidad pública legalmente establecida.
Para esclarecer el origen y destino de este informe, la querella solicita la práctica urgente de diversas diligencias probatorias. Entre ellas, la aportación inmediata del archivo digital original junto a sus metadatos técnicos para determinar la autoría exacta de la edición, la identificación de todo el personal adscrito a la Oficina de Comunicación de Interior en el momento de los hechos y la citación en calidad de investigada de la directora de la oficina. La entidad sostiene que resulta imprescindible determinar qué altos cargos ordenaron la creación de la lista, con qué propósitos se empleó y si existió un uso indebido de fondos del Estado para coaccionar la libertad de información y el pluralismo democrático.
