El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 723/2026 sobre condiciones laborales transparentes, una medida que obligará a las empresas de Ceuta a detallar salarios, horarios y el uso de inteligencia artificial en los contratos a partir del 5 de octubre.
Te interesa
Lee tambien: La IA está cambiando la forma de trabajar, sin reducir la carga laboral
La aprobación del Real Decreto 723/2026, mediante el cual se transpone parcialmente la Directiva Europea 2019/1152, impondrá nuevas exigencias de información formal a las empresas que operan en la ciudad autónoma. La normativa, aprobada el 8 de septiembre en Consejo de Ministros y publicada formalmente en el BOE, entrará en vigor el próximo 5 de octubre tras cumplirse el periodo reglamentario de 20 días.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Con esta regulación se prohíbe el uso de formulaciones genéricas como «según convenio» en los contratos de trabajo. Las compañías deberán especificar por escrito los complementos salariales, la cuantía exacta del salario base, la distribución horaria, el procedimiento de vacaciones y las condiciones de las horas extraordinarias. Asimismo, cuando se acuerden periodos de prueba, se deberá reflejar detalladamente su duración y condiciones por escrito.
Lee tambien: UGT denuncia condiciones laborales de vigilantes en Ceuta
Una de las principales novedades de la norma es la obligación de informar sobre los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial empleados por las empresas para la toma de decisiones laborales, abarcando reglas para la asignación de tareas, turnos de trabajo o remuneraciones.
La medida abarca tanto a las contrataciones que se efectúen a partir de octubre como a los empleados en plantilla. Los trabajadores actuales podrán solicitar por escrito los datos que no consten en sus acuerdos iniciales, disponiendo las empresas de un plazo de 30 días hábiles para dar respuesta. En caso de incumplimiento, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones económicas a las empresas por importes de hasta 750 euros.
