Los armadores advierten de la incertidumbre ante la expiración del protocolo en noviembre y el aumento de los costes de explotación.
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La flota pesquera española que opera en aguas de Mauritania afronta con preocupación los próximos meses ante la incertidumbre sobre la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y el país africano, un pacto que expira en noviembre y del que depende la continuidad de una parte importante de la actividad pesquera nacional.
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Los buques con base en Huelva integrados en la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Productos del Mar (Anamar) han trasladado su inquietud por el futuro de esta flota especializada, que actualmente encuentra pocas alternativas si finalmente se produce una ruptura del acuerdo o las condiciones económicas se endurecen.
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Según Anamar, las negociaciones entre Bruselas y Nuakchot se presentan complejas debido a las mayores exigencias financieras planteadas por Mauritania para mantener el acceso europeo a sus caladeros. Los retrasos en el proceso han incrementado la incertidumbre entre los armadores, que esperan una solución antes de que finalice el protocolo vigente.
Una flota con pocas alternativas
La asociación recuerda que esta situación llega después de varios años complicados para el sector, marcados por restricciones y cierres en otros caladeros internacionales.
Los buques españoles ya tuvieron que abandonar temporalmente Guinea-Bissau en 2024 a la espera de la ratificación de un nuevo protocolo por parte de Bruselas. Además, la Unión Europea dejó de operar en zonas pesqueras como Marruecos (2023), Senegal (2024), Gambia (2025) y Gabón (2026).
Anamar destaca que la flota dedicada a la pesca de cefalópodos congelados cuenta con una capacidad limitada para trasladar su actividad a otros territorios, a diferencia de otros segmentos pesqueros con mayor margen de adaptación.
El aumento de costes añade presión al sector
A la incertidumbre sobre el acuerdo con Mauritania se suma el incremento de los costes de explotación, especialmente por el precio del combustible y las dificultades derivadas de las paradas biológicas del pulpo, que han reducido los días efectivos de pesca en los últimos años.
El último protocolo firmado en 2021 contemplaba una contribución europea de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones de euros destinados a proyectos locales de desarrollo, investigación e infraestructuras.
Desde Anamar señalan que los costes operativos de cada buque superan con facilidad el millón de euros anual, una situación que deja a la flota especialmente expuesta ante posibles incrementos de las tasas de acceso o un eventual cierre del caladero.
La asociación confía en que pueda alcanzarse una prórroga que permita mantener la actividad mientras continúan las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania y evitar así un impacto económico mayor para el sector pesquero español.
