La disolución de las Cortes Generales tras el adelanto de las elecciones deja en suspenso iniciativas clave que impactan en más de 18 millones de ciudadanos.
La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre ha dejado en el aire un conjunto de decisiones económicas de calado que afectan directamente a más de 18 millones de españoles. Entre los compromisos pendientes de resolución se encuentran la revalorización anual de las pensiones, el incremento salarial pactado para los empleados públicos y el ajuste del ingreso mínimo vital (IMV). Todas estas medidas requieren para su efectividad de la aprobación de un decreto gubernamental que les sirva de soporte jurídico. Una situación similar concierne al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si bien fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo han desvelado su intención de continuar adelante con los trámites previstos para su actualización.
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El paquete normativo paralizado que engloba un mayor número de beneficiarios es la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida. De este ajuste dependen 10,8 millones de perceptores de prestaciones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas, así como los 2,7 millones de personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, cuya cuantía económica se encuentra legalmente vinculada a las pensiones no contributivas.
Incertidumbre en los plazos normativos para pensiones y empleados públicos
Aunque la revalorización de las pensiones está fijada por ley desde el año 2021 en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC), la aplicación práctica de la subida exige la tramitación de un real decreto que habitualmente se valida en el último Consejo de Ministros del año. En el precedente inmediato, el Ejecutivo integró esta actualización dentro de un decreto ómnibus junto a medidas como la limitación de los desahucios, texto que fue rechazado por el Congreso de los Diputados y obligado a tramitarse de forma independiente en febrero, momento en que logró salir adelante.
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La dificultad en el calendario actual reside en que, para calcular el incremento según el IPC, se necesita el dato definitivo de inflación del mes de noviembre, cuya publicación oficial no se produce hasta el 15 de diciembre. En esa fecha, el Ejecutivo en ejercicio se encontrará formalmente en funciones, situación que restringe su margen normativo al «despacho ordinario de los asuntos públicos». Pese a que el marco legal no prohíbe explícitamente adoptar este tipo de decisiones, la condición de interinidad genera dudas procedimentales. Cabe recordar que a finales de 2019, bajo una coyuntura idéntica de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez optó por posponer el incremento de las pensiones y de las remuneraciones de los empleados públicos hasta la conformación del nuevo Gabinete a comienzos de 2020.
No obstante, las previsiones apuntan a que la revalorización terminará aplicándose con carácter retroactivo, al contar con un amplio consenso político. Durante los ejercicios recientes, el Partido Popular ha votado a favor de convalidar la subida de las pensiones en la Cámara Baja, habiéndose registrado únicamente la oposición del grupo parlamentario Vox.
Una problemática similar afecta a la masa salarial de los tres millones de empleados públicos del país. El Ejecutivo suscribió el pasado año una senda de incrementos acumulados del 11,4% hasta el horizonte de 2028, correspondiendo para el próximo ejercicio una subida pactada del 4,5% que precisa igualmente de respaldo reglamentario mediante decreto. Si bien el Gobierno podría intentar la aprobación de la medida con anterioridad a la cita electoral del 29 de noviembre por no precisar del dato de inflación, el antecedente parlamentario muestra que el PP respaldó la convalidación de los decretos de incremento retributivo de 2025 y 2026, con el único voto en contra de Vox.
El trámite del SMI se mantiene y caen las iniciativas en el Congreso
Respecto al Salario Mínimo Interprofesional, cuyo importe condiciona las percepciones de unos 2,5 millones de trabajadores, fuentes gubernamentales han manifestado su propósito de mantener la tramitación respetando los plazos fijados. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prevé convocar durante este mes al comité de expertos de su departamento para formalizar una propuesta de subida que posteriormente será negociada con las organizaciones sindicales.
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La incógnita principal radica en si los plazos administrativos permitirán completar la tramitación antes de la jornada electoral del 29 de noviembre. Históricamente, las revalorizaciones del SMI se han terminado ratificando formalmente durante los meses de enero o febrero del año correspondiente. Existen, sin embargo, antecedentes de incrementos del salario mínimo bajo un Ejecutivo en funciones, tal como ejecutó el primer Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2015.
Por el contrario, la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones anticipadas acarrea la caducidad automática de las iniciativas legislativas que se encontraban en fase de tramitación parlamentaria. En la esfera laboral, proyectos como el Estatuto del Becario y la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales quedan definitivamente decaídos al hallarse bloqueados en el Congreso. Tampoco proseguirá la proposición de ley impulsada por Podemos orientada a despenalizar la jubilación anticipada para trabajadores con 40 o más años de cotización.
Del mismo modo, el anuncio electoral compromete el desarrollo de las principales reformas que proyectaba el Ministerio de Trabajo. Fuentes del departamento matizan que las medidas que no requieran rango de ley podrían mantener su viabilidad técnica tras evaluar su encaje legal. Entre las normas más avanzadas figuraba el endurecimiento del control horario, que tras intensos debates entre el ministro Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz parecía haber alcanzado un punto de consenso.
Por último, quedan sin recorrido reglamentario la ampliación a 10 días de los permisos retribuidos por fallecimiento, la creación del nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia —pactado con los sindicatos pero no redactado en texto legal—, la reforma del sistema de despido ideada por el Ministerio de Trabajo al exigir rango de ley, y la modificación en la regulación de la compensación y absorción de complementos salariales para impedir que las subidas del SMI absorban las escalas sueldos inmediatamente superiores.
