Sánchez y los ministros socialistas apelan a la memoria de Maricarmen tras su fallecimiento en el Gregorio Marañón, mientras la oposición denuncia la utilización política del caso.
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Partidos y sindicatos instrumentalizan el fallecimiento de Maricarmen tras 15 días hospitalizada, mientras los acampados de Sol intentan cercar el Congreso entre gritos de «asesinos».
El fallecimiento este miércoles de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde que fuera desahuciada el pasado 23 de septiembre de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, ha desencadenado una agria tormenta política y social. La noticia de su óbito, confirmada por el Sindicato de Inquilinas tras quince días de hospitalización, ha servido de detonante para un cruce de reproches entre las distintas fuerzas políticas y un recrudecimiento de las protestas en la capital, donde los manifestantes concentrados en la Puerta del Sol han intentado marchar hacia el Congreso de los Diputados.
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Desde el propio Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado públicamente sus condolencias a los allegados asegurando sentir la pérdida «como propia». No obstante, otros miembros y socios de la coalición gubernamental han adoptado un tono de corte explícitamente militante. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que la «lucha» de la fallecida «encendió una mecha que ya no se va a apagar». Por su parte, figuras de la izquierda radical como Irene Montero han calificado abiertamente el hecho de «asesinato», mientras la edil madrileña Rita Maestre arremetía contra los «fondos buitre y quienes les apoyan».
Ataques cruzados y duras críticas de la oposición
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Las reacciones no han tardado en provocar la respuesta de la oposición. Desde Vox han denunciado con dureza la utilización partidista de la tragedia por parte del bloque gubernamental, acusando al Ejecutivo de emplear «el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que oculte la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda». En sus pronunciamientos, la formación de Santiago Abascal ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable del contexto que rodea este desenlace, mientras dirigentes independentistas como Gabriel Rufián proferían insultos descalificatorios en redes sociales en el marco del cruce de acusaciones.
Tensión sindical y amago de asedio al Congreso
En el ámbito social y sindical, el fallecimiento ha inflamado el discurso de las plataformas de inquilinos. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas —entidad que ya ha convocado una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre—, ha aseverado que «la especulación nos cuesta la vida», atribuyendo el desenlace fatal al desgaste provocado por el proceso de lanzamiento. Portavoces de organizaciones como Solidaridad Obrera o Comisiones de Base han llegado a tildar el caso de «maltrato institucional», haciendo corresponsables tanto a los arrendadores como a la inacción del propio Ejecutivo central tras ocho años de mandato.
El clima de indignación se ha trasladado de forma inmediata a la vía pública. Tras conocerse el deceso, un contingente de manifestantes procedente de la acampada instalada en la Puerta del Sol ha tratado de dirigirse hacia las Cortes Generales para rodear la Cámara Baja, profiriendo proclamas como «¡asesinos!» y «¡Gobierno responsable!». La actuación policial ha contenido el avance de la marcha en los accesos al edificio parlamentario, en una jornada de elevada crispación política y social en la capital.
