La presidenta del Parlamento de Canarias y máxima responsable de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), Astrid Pérez, ha liderado este miércoles una cumbre telemática del Grupo de Trabajo de Políticas Migratorias con el objetivo de elevar una posición común ante las instituciones europeas. Durante el encuentro, Pérez ha reclamado de forma contundente que la Unión Europea asuma como propia la gestión de las fronteras exteriores, remarcando que la protección de estos límites y la acogida humanitaria no pueden recaer en exclusiva sobre las regiones de primera línea que soportan el impacto directo de las llegadas.
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En su intervención, la titular de la Cámara canaria ha insistido en que la UE debe estructurar un mecanismo de respuesta basado en la solidaridad interterritorial, la asignación de recursos extraordinarios y el pleno respeto a los derechos humanos. La reunión ha contado con la participación de representantes de parlamentos regionales de Madeiras, Lombardía, Bolzano, Trentino-Alto Adigio, Bruselas o Aragón, además de analizar de forma pormenorizada la situación crítica que afronta la ciudad autónoma de Ceuta como frontera terrestre comunitaria.
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Cifras alarmantes en la ruta atlántica y colapso en la tutela de menores
Para argumentar la urgencia de un despliegue coordinado desde Bruselas, Astrid Pérez ha expuesto la presión estadística que registran las Islas Canarias. Hasta el 1 de noviembre de 2026, el archipiélago ha contabilizado la llegada por vía marítima de 12.616 personas, concentrándose 5.379 de los rescates tan solo durante el mes de octubre. Esta intensidad operativa ha derivado en un severo colapso del sistema autonómico de protección al menor, que mantiene bajo su tutela a 2.622 niños y jóvenes no acompañados frente a una capacidad ordinaria fijada en 782 plazas.
Junto al desbordamiento asistencial, la presidenta ha recordado la vertiente más trágica del fenómeno en la ruta atlántica. Según los informes citados durante la sesión, al menos 635 personas han perdido la vida o han desaparecido en el mar entre los meses de enero y mayo en su intento por alcanzar las costas españolas, consolidando este trazado marítimo como uno de los más peligrosos del planeta.
Hacia una estrategia europea conjunta frente a las redes de tráfico humano
Las distintas delegaciones participantes en el grupo de trabajo de CALRE han acordado la redacción final de una resolución conjunta que será remitida formalmente a los órganos decisorios de la Unión Europea. El documento estratégico priorizará el refuerzo de las capacidades de respuesta ante contingencias masivas, el endurecimiento de la lucha policial contra las mafias del tráfico de personas y el impulso de planes de cooperación económica y social con los países de origen y tránsito.
La iniciativa busca visibilizar el papel decisivo de las asambleas regionales en la formulación de las grandes directrices comunitarias. Los parlamentos periféricos pretenden así garantizar que el nuevo marco de gobernanza migratoria europea incluya partidas presupuestarias específicas y traslados obligatorios de migrantes para amortiguar el desgaste de las infraestructuras locales.
