El Gobierno de la Junta de Andalucía ha reclamado formalmente al Ejecutivo central la reanudación del servicio de alta velocidad entre Madrid y la comunidad andaluza «cuanto antes, pero con todas las garantías de seguridad». En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, ha supeditado la reapertura de la arteria ferroviaria a una revisión exhaustiva, rigurosa y debidamente certificada por auditores independientes, subrayando que la prioridad absoluta debe ser devolver la plena confianza a los usuarios de la red tras la acumulación de siniestros graves en la misma infraestructura.
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La representante del Gobierno andaluz ha criticado con dureza las deficiencias acumuladas en el corredor del sur, recordando que resulta insostenible haber registrado dos catástrofes ferroviarias en menos de un año con un balance global de más de un centenar de fallecidos. Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha arremetido contra la gestión del dimitido Óscar Puente, considerando que su renuncia al frente del Ministerio de Transportes responde a cálculos electorales y al desgaste demoscópico del Gobierno central y no a una auténtica empatía hacia las víctimas y las familias afectadas.
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Creación de un grupo de trabajo y reactivación de las indemnizaciones
Para mitigar el impacto socioeconómico provocado por la paralización del tráfico ferroviario tras la tragedia de Urda, el Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un grupo de trabajo transversal. Esta comisión técnica, que integrará a las consejerías de Presidencia, Economía, Empleo y Fomento, mantendrá reuniones periódicas con los sectores empresariales y productivos perjudicados por el aislamiento logístico de la región. El organismo operará de forma coordinada con el Comisionado especial creado a raíz del accidente de Adamuz para garantizar la atención integral a las víctimas.
En el ámbito asistencial, la Junta ha acordado reactivar de manera inmediata el esquema de ayudas públicas articulado tras la catástrofe cordobesa. El paquete económico contempla la concesión de indemnizaciones directas por un importe de 14.424 euros por cada víctima mortal, además de una escala de compensaciones graduadas para los heridos de diversa consideración, reafirmando el compromiso del Gobierno regional de permanecer al lado de los afectados durante el proceso judicial y de recuperación.
Solicitud de refuerzo aéreo y limitación de tarifas de transporte
Ante la incertidumbre sobre el calendario definitivo de reapertura que maneja el Ministerio de Transportes —que contempla un periodo mínimo de diez días con reducción de frecuencias—, el Ejecutivo andaluz ha exigido al Gobierno central la adopción de medidas correctoras en las comunicaciones alternativas. En concreto, la administración autonómica ha solicitado el incremento inmediato de las frecuencias de vuelos comerciales entre los aeródromos andaluces y la capital del Estado, exigiendo asimismo la fijación de topes tarifarios para evitar incrementos abusivos en los billetes de avión y autobús.
La Junta de Andalucía ha advertido sobre el severo perjuicio económico que la interrupción del AVE genera en el tejido turístico y empresarial del sur peninsular. Desde el Gobierno autonómico han insistido en que no se tolerará la discriminación tecnológica en el sistema de seguridad ferroviaria, reclamando la sustitución acelerada de los sistemas obsoletos para equiparar el corredor andaluz a los estándares de la red nacional.
