La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, Ada Colau, ha presentado este viernes en Málaga una de las principales iniciativas programáticas de su formación en materia residencial: la aprobación de una ley de expropiación dirigida a los fondos de inversión tenedores de vivienda. La propuesta contempla la recuperación por parte del Estado de aproximadamente 100.000 inmuebles a precios por debajo de su valor de mercado para integrarlos directamente en la red pública de alquiler asequible.
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Durante un encuentro con medios de comunicación centrado en la problemática del acceso al suelo residencial, la exalcaldesa de Barcelona explicó que la aplicación de la norma se ejecutaría de forma progresiva. El plan prevé intervenir en una primera fase sobre las grandes corporaciones financieras que acumulan más de 1.000 viviendas, para rebajar posteriormente el escalonamiento de aplicación a las firmas con 700 inmuebles, hasta alcanzar de forma gradual a las entidades poseedoras de medio centenar de activos.
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Intervención sobre trece grandes tenedores y fijación de precios asequibles
Colau denunció la existencia de trece fondos de inversión internacionales que concentran en el territorio nacional un paquete global estimado en 100.000 unidades residenciales. La dirigente de Frente Amplio tildó de «intolerable» la adquisición masiva de pisos por parte de capitales extranjeros para operar en el mercado con márgenes especulativos y precios que calificó de abusivos para la ciudadanía.
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La iniciativa persigue que las expropiaciones se liquiden obligatoriamente por debajo de las tasaciones privadas ordinarias, garantizando que el coste de transferencia permita ofertar los pisos a inquilinos bajo cuotas reguladas. Según defendió la candidata, esta medida de intervención sobre el mercado inmobiliario responde a la necesidad de blindar la función social de la vivienda y frenar la extracción de rentas por parte de firmas de inversión.
Complementariedad con la fiscalidad a las grandes fortunas
La propuesta de intervención residencial se encuadra dentro del bloque de medidas económicas de la plataforma progresista para las próximas elecciones generales. La ley de expropiación a los fondos tenedores se sumaría a la creación de un nuevo impuesto estatal dirigido a los patrimonios considerados «ultrarricos», articulando un eje de campaña enfocado en la redistribución tributaria y la contención de los costes de vida.
Desde la candidatura de Frente Amplio señalan que la desigualdad distributiva y la inaccesibilidad a la vivienda constituyen las dos principales distorsiones socioeconómicas en España, fijando la regulación de los grandes tenedores como una condición prioritaria en las eventuales negociaciones para la formación de un próximo gobierno de coalición tras el 29 de noviembre.
