A un día de la huelga general por la vivienda y los salarios, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) denuncia que varios gobiernos han fijado unos servicios mínimos que impiden a buena parte de las plantillas ejercer su derecho de huelga. La CSI apoya los recursos del sindicato CGT y asegura que estas medidas vacían el propósito de la movilización prevista para el 11 de noviembre.
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Los servicios mínimos tienen como finalidad garantizar lo esencial y no permitir que la huelga del 11N se asemeje a un día normal. A modo de ejemplo, mientras que en la Comunidad de Madrid se obliga a que el Metro funcione al 80 % en hora punta, en Catalunya el transporte público se queda en el 25 %.
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Además, el Gobierno central mantiene el servicio de Cercanías al 75 % y establece mínimos en Correos justificándolos por las elecciones del 29N, en lugar de por la huelga. Las Illes Balears también imponen que el transporte escolar funcione al 100 % y el metro de Palma al 80 % durante gran parte del día.
En la Comunitat Valenciana, se exige la apertura de todos los colegios, se mantiene un 60 % del personal en los comedores escolares y un 80 % en los centros de Educación Especial. En Andalucía, el 75 % de la sanidad pública y privada debe estar operativa, aludiendo solamente a que es una práctica habitual en otros paros. La Rioja incluso aplica mínimos a museos, bibliotecas y polideportivos.
En contraste, en Catalunya el transporte público se ha fijado en un 25 % y en Euskadi en un 30 %. Según la CSI, si estas regiones pueden asegurar la movilidad básica con esos porcentajes, no hay justificación para el alto porcentaje establecido en Madrid y otras comunidades. La CSI apoya las acciones judiciales iniciadas por CGT contra estas decisiones.
