La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a Cristian Corvillo, empresario que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017, por su presunta mediación en la obtención de contratos públicos a través de Koldo García. Este último era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
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El informe policial, que ha sido parte de la pieza separada del caso Koldo, fue clave para la detención de Corvillo la semana pasada. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, levantó el secreto sobre esta pieza el jueves.
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Contratos bajo sospecha
Los investigadores han puesto el foco en tres adjudicaciones realizadas durante la gestión de Ábalos. Dos de estos contratos fueron otorgados por Adif en 2019. El primero, a la UTE Sevilla Nevado-Azvi, por 28 millones de euros para una plataforma de alta velocidad en la línea Madrid-Extremadura, y el segundo, a Limpieza Castilla de Salamanca SL, por 175.188 euros para la limpieza de un edificio en Méndez Álvaro, Madrid.
El tercer contrato fue adjudicado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a la UTE Aquaterra Servicios Infraestructuras – Servicios Técnicos Napal, por 6,18 millones de euros, para la conservación y explotación de la AP-7 entre Cartagena y Vera.
Influencia y comunicaciones
La UCO sostiene que Corvillo, vinculado al comisionista Víctor de Aldama, habría utilizado a Koldo García para influir en las licitaciones. García, exasesor ministerial, habría ejercido influencia sobre Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF. Se menciona una cena entre Corvillo, García y Ábalos en noviembre de 2018.
Entre los indicios, se destacan encuentros en fechas clave, como la rectificación de pliegos, y mensajes de García a Corvillo en diciembre de 2018 que sugieren una intervención favorable. En el caso de Aquaterra-Napal, la Guardia Civil detectó una dinámica similar de encuentros en fechas clave.
Corvillo también se refirió a una obra adjudicada a Aquaterra y Acciona para la ronda sur de la AP-68, identificada por la Guardia Civil como adjudicada irregularmente y fuente de posibles comisiones irregulares a Ábalos, Santos Cerdán y García. La UCO ha solicitado información a todas las empresas implicadas.
