Todos los fallecidos en el accidente ferroviario registrado el pasado 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, que suman un total de 69 víctimas mortales, han sido ya puestos a disposición de sus respectivas familias. Así lo ha comunicado este martes el Centro de Integración de Datos (CID) constituido tras el siniestro, organismo que ha dado por finalizada su actividad una vez culminadas todas las gestiones relativas a las autopsias, las identificaciones y las correspondientes entregas de los cuerpos.
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Perfil de las víctimas mortales y nacionalidades confirmadas
De acuerdo con el balance oficial facilitado por el Centro de Integración de Datos, las 69 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Urda eran todas mayores de edad. El desglose por sexo establece que entre los fallecidos figuran 40 hombres y 29 mujeres.
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En cuanto a la procedencia de las víctimas del siniestro en la provincia de Toledo, los datos confirmados precisan que 54 de los fallecidos tenían nacionalidad española, mientras que los 15 restantes eran ciudadanos extranjeros de diez países distintos. En concreto, el listado de víctimas extranjeras comprende cuatro personas de nacionalidad estadounidense, dos de nacionalidad australiana y dos de nacionalidad japonesa, además de una persona de nacionalidad argentina, una canadiense, una checa, una francesa, una mexicana, una portuguesa y una tunecina.
Procedimientos científicos de identificación y despliegue forense en Toledo
Las labores técnicas destinadas a determinar la identidad de las 69 víctimas mortales se desarrollaron mediante dos métodos científicos principales. De la totalidad de las identificaciones completadas, 56 se llevaron a cabo a través del cotejo de huella dactilar, un trabajo ejecutado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Por su parte, las 13 identificaciones restantes requirieron la realización de análisis de ADN, efectuados por el Instituto Nacional de Toxicología en estrecha colaboración con el citado Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Para llevar a cabo estas tareas en Toledo, se movilizó un dispositivo integrado por más de 60 profesionales especializados en las labores de autopsias e identificación. En este equipo participaron médicos forenses procedentes de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Cuenca, junto con dos médicas forenses asesoras adscritas al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, intervinieron en la práctica de las autopsias ocho técnicos de autopsia —tres de Toledo, dos de Albacete, dos de Cáceres y uno de Guadalajara—, mientras que nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología asumieron la ejecución de las pruebas de ADN post mortem. A este despliegue se sumaron 27 agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, encargados tanto de las identificaciones dactilares como del análisis de ADN de los familiares que habían denunciado las desapariciones.
Apoyo psicológico a los allegados, respaldo de la UME y cierre del CID
De forma paralela a las actuaciones forenses y criminalísticas, el operativo incluyó un servicio específico de asistencia y apoyo a las familias de las víctimas. Este dispositivo estuvo compuesto por psicólogos pertenecientes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, a la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.
Por otro lado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) desempeñó labores de apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, manteniendo su presencia hasta la completa finalización de los procesos de identificación y notificación. Una vez concluidas todas las diligencias vinculadas a las autopsias, las identificaciones y la entrega de los fallecidos a sus allegados, el Centro de Integración de Datos ha dado oficialmente por terminada su actividad.















