Madrid, 20 de noviembre de 2026. — El filántropo millonario estadounidense James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr. ha solicitado a la Audiencia Nacional que le deje en libertad después de que el tribunal aplazara su decisión sobre su extradición a Estados Unidos, a raíz de que el Departamento de Justicia estadounidense reconociera «errores» en la traducción al español de la documentación remitida a la Justicia española.
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Según informa EFE, la petición ha sido impulsada por su defensa —ejercida por el abogado Aitor Martínez, del despacho del exjuez Baltasar Garzón— después de que Washington enviara al tribunal, al día siguiente de la vista de extradición, una carta admitiendo tres errores «sustanciales e involuntarios» en la traducción de los documentos y atribuyéndolos a la empresa privada encargada del trabajo.
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Aplazamiento del tribunal y giro en el procedimiento
Ante este comunicado, el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de estudiar la entrega, presidido por el juez Fernando Andreu, ha aplazado su resolución para dar traslado a las partes —incluida la Fiscalía, que en la vista sostuvo que se cumplían los requisitos para extraditarlo— con el fin de que emitan informe al respecto.
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Chambers permanece en prisión desde el pasado 10 de julio, cuando fue detenido en Ibiza. Su defensa sostiene que la solicitud de extradición se ha apoyado en una traducción errónea del testimonio de una agente del FBI sobre una protesta en una empresa israelí, y argumenta que las tres alteraciones reconocidas inciden en la gravedad de la conducta atribuida y en la calificación de los hechos como actos de terrorismo.
Acusaciones y defensa del activista
Estados Unidos reclama a Chambers por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y su participación en dicha protesta —por la que se le solicitan cinco años de cárcel, mientras que otros acusados juzgados en Estados Unidos recibieron penas de unos 60 días de prisión, según la documentación aportada por las autoridades estadounidenses, que aluden a incendios y situaciones de riesgo que llevaron a vigilantes a desenfundar sus armas—.
Durante la vista, Chambers admitió haber participado en la protesta como activista propalestino desde la adolescencia, pero negó haber cometido actos violentos o haber financiado el terrorismo, asegurando que sus aportaciones a asociaciones se realizaron dentro de la legalidad y calificando el procedimiento de persecución política vinculada al Gobierno de Donald Trump.
«No entiendo por qué he estado en prisión desde julio, podría asumir haber participado en episodios que han causado disturbios, pero (…) se ha construido una narrativa de haber participado en una actividad terrorista» para perjudicarle.
Por su parte, el fiscal Juan Hernández Villalba consideró que, aun aceptando la alegación defensiva sobre la traducción de términos vinculados a incendios y violencia, ello carecería de relevancia porque, a su juicio, existieron «daños significativos y una situación de riesgo para terceros».
(Nota de actualidad: tras la información inicial difundida sobre la petición de libertad y el aplazamiento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes dejar a Chambers en libertad provisional con medidas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales— mientras se analizan las consecuencias de los fallos de traducción sobre el proceso).














