El cuerpo probatorio de la acusación fiscal contra los seis hombres acusados de atacar bienes de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Ceuta se está desmoronando
Este mismo miércoles, la Fiscalía admitió la “escasez de pruebas” contra ellos, toda vez que desde el primer día del juicio, el lunes, la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 1 decretara la nulidad de numerosísimas actuaciones policiales. En total se piden entre cuatro y cinco años de cárcel para cada uno de los encausados por parte del Ministerio Público.
El hecho de que no aparezca un oficio –que debería estar en poder del Juzgado de Instrucción que inició el procedimiento y de la propia Comisaría- hizo que todas las actuaciones devenidas de la autorización de escucha de un teléfono móvil fueran declaradas nulas. En este sentido, la magistrada ha ido declarando “impertinentes” todas las preguntas relativas a las consecuentes entradas en domicilios –en uno de ellos se hallaron drogas y armas-, registros, detenciones, declaraciones de los ahora acusados y más escuchas telefónicas, así como otros elementos probatorios.
Los hechos que se juzgan están enmarcados en los ataques a bienes de policías de la Udyco, ocurridos entre 2016 y 2017. Quemaron tres vehículos de policías y también calcinaron por completo el quiosco de la hermana de uno de los agentes –utilizaron combustible y acelerantes, según declaró el jefe de Bomberos de Ceuta-, que aún a día de hoy necesita asistencia psicológica. Además, agentes de la Unidad, entre ellos el ex jefe de la Udyco, cambiaron de destino. Unos a Málaga y otros a Cádiz, así como, en Ceuta, a otras unidades no relacionadas directamente con la actuación contra la droga y bandas criminales de la Udyco, como podría ser la Brigada de Información.
Ataques motivados por la venganza
El propio ex jefe de la Udyco en el momento de los ataques contra agentes de su unidad, declaró que los mismos estaban motivados por “venganza” y también con el ánimo de “desmantelar la unidad contra la droga”. Relató por videoconferencia la compleja investigación que les hizo determinar quiénes eran los autores de los ataques, relacionando declaraciones de testigos, vehículos que habían sido captados por cámaras en los lugares donde se produjeron los incendios y otras fuentes indiciarias.
El principal asunto que podría haber motivado los ataques se remonta al año 2015, cuando se culmina con éxito la denominada operación ‘Monte’. Fue una investigación policial realizada por la Udyco y relacionada con el narcotráfico.
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Así fue la Operación Monte
El grupo de agentes desmanteló una organización criminal dedicada al transporte de “ingentes cantidades de hachís desde Ceuta a la Península”, consta en el escrito de acusación inicial presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1, mediante el empleo de camiones de transporte de mercancías. Dicho grupo criminal, según el Ministerio Público, estaba compuesto por, entre otros, varios miembros de la Guardia Civil. Se prevalieron de su condición de agentes y de su conocimiento del funcionamiento y actuación interna de la Compañía fiscal, para facilitar el paso de los camiones en condiciones que no fuera detectadas por el resto de agentes de la Guardia Civil, lucrándose con ello.
En principio, la investigación de los hechos supuso la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 5 y que culminó con la detención e ingreso en prisión de cinco ciudadanos españoles: Á.A., M.L., J.A.R.S.; y J.C.G.E. Como consecuencia de dichas detenciones “se creó en el círculo de personas allegadas a ellos un deseo de venganza contra los agentes de la Udyco que intervinieron en la investigación, con la finalidad de tomar represalias entre ellos y amedrentarles en futuras actuaciones policiales”.
Además se produjeron otras dos operaciones antidroga en fechas posteriores. En total, la Udyco detuvo a cincuenta personas y se incautó de unas 11 toneladas de hachís.
Con las últimas intervenciones de Fiscalía y de las defensas –hasta cinco abogados defensores- y con el ofrecimiento de la oportunidad de decir la última palabra a los acusados, el juicio, ha quedado visto para sentencia.
