UGT y CCOO han remitido un documento de alegaciones en el que critican el paquete de medidas anunciadas por la Ciudad para hacer frente a la crisis que ha provocado el coronavirus. Los sindicatos no conciben un plan de choque sin medidas como un fondo de «ayudas al pago de alquileres y moratoria de amortización de préstamos» y consideran «insuficientes» los 6,3 millones del Fondo Social
Comisiones Obreras y UGT lamentan que el Gobierno «haya prescindido absolutamente de la opinión de representantes de los trabajadores para la elaboración de esta propuesta. No ha sido así en el caso de los empresarios con los que se ha reunido expresamente, les ha consultado, y ha terminado por plasmar en ‘su’ propuesta todas y cada una de sus reivindicaciones por inoportunas que fueran». Para ambos sindicatos este hecho representa una evidencia de las «prioridades» que tiene el Gobierno local: «Primero, ellos mismos, en su gigantesca y permanente campaña de propaganda. En segundo lugar, quienes ellos consideran sus aliados naturales. Por último, visiblemente repudiados, la mayoría social«.
CCOO y UGT coinciden con Caballas: el gasto social es «insuficiente»
Como lamentó Caballas, ambos sindicatos denuncian que la dotación con 6,3 millones de euros que este paquete de medidas asigna al Fondo Social «resulta claramente insuficiente para atender la profunda depresión en que se han visto sumidas miles de familias ceutíes, máxime si tenemos en cuenta que las partidas destinadas a protección social estaban ya de por sí recortadas al máximo en el Presupuesto aprobado hace apenas dos meses».
«Es preciso instituir un fondo específico de “ayudas al pago de alquileres y moratoria de amortización de préstamos»
En este sentido, tanto UGT como CCOO consideran necesarios crear «un fondo específico de ‘ayudas al pago de alquileres y moratoria de amortización de préstamos‘» ya que, por ahora, más de 2.500 trabajadores/as están sujetos a un ERTE y «han visto reducidas sus rentas en un 30% (ningún empresario ha complementado estos ingresos), lo que implica una muy considerable pérdida de poder adquisitivo que dificulta en exceso, en muchos casos, el pago de los alquileres o las cuotas de amortización de los préstamos».
Otra medida que la representación de los/as trabajadores/as ceutíes echa en falta es la puesta en marcha de «un ‘Plan de Empleo de Emergencia‘ que permita inyectar rentas en familias sin recursos y ampliar los servicios relacionados con las medidas de prevención contra el Covid-19«
Además, los sindicatos señalan que el documento no incluye «mecanismos de control de los precios de los alimentos» para hacer frente al «evidente y abusivo incremento de precios» que «supone una ‘vuelta de tuerca’ más en la pérdida de poder adquisitivo».
Dudas con respecto a las medidas económicas
UGT y CCOO consideran que las ayudas previstas en el Fondo para PYMES y Autónomos «deben estar, en cualquier caso, condicionadas al mantenimiento y la creación de empleo neto o complementos salariales para los trabajadores sujetos a ERTE. En otro caso no se pueden entender ni aceptar».
«Las ayudas previstas en el Fondo para PYMES y Autónomos deben estar condicionadas al mantenimiento Y la creación de empleo neto o complementos salariales para los trabajadores sujetos a ERTE»
Los sindicatos destacan que 664 empresas, por ahora, ya se han acogido a un ERTE por causa de «fuerza mayor» y que, por ello, están exentas de gastos de personal (tanto del pago de las nóminas como de del pago de los seguros sociales). A esto añaden que las empresas que no han presentado ERTE «están funcionando con normalidad» y que «los autónomos que han cerrado se acogen al cese de actividad y pueden devolver la cuota de marzo» y se preguntan, entonces:
«A qué van a destinar esas ayudas? ¿Se van a repartir a modo de “bufanda” para tener contentos a los empresarios? ¿O es sólo una campaña de propaganda (“El Gobierno con las empresas ceutíes”) que quedará en nada cuando a la hora de la verdad no se gaste el dinero previsto?»
Reducciones del IPSI y el recibo único de agua y basura
La propuesta del Gobierno de la Ciudad de reducir el IPSI de importación al 0,5% supone, según los sindicatos, «una auténtica provocación, una exhibición de insolidaridad difícil de digerir en estos momentos» debido a que lo que dejase de recaudarse en esta tasa impositiva tendría que ser compensado por el Estado -otro hecho sobre el que también incidió Caballas en su valoración de las medidas planteadas por la Ciudad-.
«El Gobierno sabe perfectamente que sería el Gobierno de la Nación quien vía ‘compensación’ tendría que asumir esta merma de ingresos»
«¿De verdad piensa el Gobierno que este es un momento adecuado para pedir estos sacrificios a las arcas del Estado? ¿No es consciente el egoísta Gobierno del señor Vivas de la situación por la que atraviesa el país? ¿No son conscientes del coste que va a soportar el Estado para superar la crisis?» se plantean de nuevo de forma retórica UGT y CCOO.
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Con respecto a la reducción del 20% en el recibo único del agua y la basura, los dos sindicatos señalan que esta solo debería aplicarse a empresas que hayan tenido que cesar su actividad al ser considera su actividad económica como no esencial.
Adjudicaciones de obras y pago a proveedores
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas anunció como «medida urgente» poner al corriente los pagos de «las facturas pendientes por parte de la Ciudad, al objeto de paliar los graves problemas de liquidez que, por causa de la crisis, sufren la mayoría de los proveedores de esta Administración». Un anuncio que para las dos centrales sindicales resulta «insultante«. «Pagar las facturas (estas o cualesquiera otras) es una obligación propia de personas (o instituciones) decentes. Lo que resulta inconcebible es que no se estuvieran pagando, porque evidentemente este hecho no guarda relación alguna con el Covid-19″ espeta el comunicado conjunto de CCOO y UGT.
Por último, los sindicatos consideran «insuficiente» la medida prevista para «fomentar la actividad de las empresas locales de construcción» dotada con 15 millones de euros y lamentan que carezca de «referencias al empleo» como «vincular las adjudicaciones a las contrataciones laborales» o «controlar las subcontratas«, a lo que añaden que «por otro lado, y con esta misma finalidad, la propuesta debería incluir mecanismos de control (tanto en los contratos como en las encomiendas de gestión a Tragsa) de la subcontratación para exigir que se formalizarán con empresas locales que, a su vez, contratarán a mano de obra inscrita en el SEPE de Ceuta, atendiendo a criterios de emergencia social».
