Se trata de casi veinte trabajadores y trabajadoras a los que el Juzgado de lo Social «mediante sentencia les ha reconocido su condición de empleados de la Ciudad con los mismos derechos y garantías que el resto, unida a una importante indemnización en concepto de atrasos», indemnización que el sindicato cifra en 150.000 euros en total y que calcula que elevará a los 300.000 euros debido al recurso que presentará el Gobierno contra la sentencia, según explica CSIF
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La Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra en un comunicado que el Juzgado de lo Social haya resuelto mediante sentencia el reconocimiento como empleados de la Ciudad de casi veinte trabajadores y trabajadoras de Servicio Sociales que forman parte del convenio que esta mantiene con el Ministerio de Asuntos Sociales, a quienes además el Ejecutivo local tendrá que indemnizar. «Desde hace algo más de quince años la Ciudad mantiene un Convenio de Colaboración con el ministerio de asuntos sociales que ha mantenido en una situación de precariedad laboral a casi 20 empleados. Esta situación se ha resuelto favorablemente para los trabajadores de Servicios Sociales que han visto como el Juzgado de lo Social de Ceuta mediante sentencia les ha reconocido su condición de empleados de la Ciudad con los mismos derechos y garantías que el resto, unida a una importante indemnización en concepto de atrasos» explica el sindicato en un comunicado.
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Asimismo, CSIF revela que «el coste de la negligente y fraudulenta gestión de personal de este Gobierno asciende a un total de 150.000 eruos aproximadamente» que podría duplicarse si el Gobierno de la Ciudad, tal y como el sindicato asegura conocer de buena tinta, presenta recurso contra la sentencia. «El Gobierno de la Ciudad con su presidente a la cabeza ha planteado recurso contra esta sentencia. Se trata de una decisión única y exclusivamente política carente de base jurídica alguna, así nos lo han expresado todos los jurídicos consultados por CSIF que han tenido acceso a la sentencia, tanto de la Ciudad como privados» asegura la Central, que añade que «no existe pronunciamiento técnico alguno a favor de plantear este recurso que dilatará la situación de precariedad para estos trabajadores durante al menos un año y medio más (entre 18 y 20 meses se estima) por el mero capricho del Gobierno».
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Es por ello que el sindicato señala que esta decisión de recurrir la sentencia «solo pretende ganar tiempo y que los ciudadanos asumamos las consecuencias, puesto que cada mes que se dilate la resolución del recurso supondrá para las arcas de la Ciudad un sobre coste de 7.500 euros más. Es decir, no solo tenemos que pagar la negligente gestión del Gobierno que supone hoy un coste de 150.000 euros para las arcas de la Ciudad, sino que, además, por la caprichosa y temeraria decisión de recurrir una sentencia que se sabe perdida, tendremos que pagar el doble o más, estimando un mínimo de 300.000 euros«.
De esta manera, CSIF tacha de «vergonzoso y bochornoso» que desde el Gobierno de la Ciudad «se tomen decisiones de este calado usando el patrimonio de todos los ceutíes»; un modo de proceder que el sindicato cree que «no ocurriría si los miembros del Consejo de Gobierno pusieran en juego su propio patrimonio«. Finalmente, la Central Sindical exige al Gobierno que «recapacite y retire el recurso presentado ya que además de todo lo comentado, pone en peligro todas las consolidaciones del personal que lleva hasta 20 años esperando poder conseguir la tan ansiada estabilidad laboral».
