El acusado acepta un año y medio de cárcel y el pago de multas tras alcanzar una conformidad con la Fiscalía. La pena queda suspendida con la condición de no delinquir en dos años.
La plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha condenado este lunes a un joven de unos veinte años, cuyas iniciales corresponden a R.M., como autor de dos delitos contra la seguridad vial, uno de atentado contra la autoridad y tres de lesiones.
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El acusado aceptó la propuesta de la Fiscalía tras reconocer íntegramente los cargos que se le imputaban. Al pactar una pena global que no supera los dos años de privación de libertad, el joven no ingresará en prisión, obteniendo la suspensión de la condena. Los hechos juzgados se remontan a los últimos meses del pasado año.
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Persecución, control saltado y agresiones
Según los datos desprendidos de la audiencia preliminar, el encausado circulaba a los mandos de una motocicleta a pesar de carecer de la correspondiente licencia de conducción. Durante su trayecto, el joven hizo caso omiso a las indicaciones de un dispositivo policial y se saltó un control, «obligando a los agentes a apartarse» para evitar ser atropellados.
Tras ser interceptado, R.M. se enfrentó de forma violenta a los efectivos policiales. En el suceso también participó otro implicado menor de edad, quien del mismo modo agredió a uno de los funcionarios en el lugar.
Desglose de las penas impuestas
El acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa y el Ministerio Fiscal ha cristalizado en el siguiente dictamen de penas:
- Conducción temeraria: Un año de prisión y la retirada del carné de conducir durante un año y un día.
- Atentado contra la autoridad: Seis meses de prisión.
- Conducir sin carné: Pena de multa a razón de 6 euros diarios durante un año.
- Tres delitos de lesiones: Multa económica de 2 euros al día durante un periodo total de tres meses.
Suspensión de la condena y responsabilidad civil
A pesar de sumar un año y medio de cárcel entre los delitos principales, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años. Esta medida queda estrictamente condicionada a que el penado no vuelva a cometer ningún hecho delictivo durante este periodo.
Asimismo, en el plano de la responsabilidad civil, el joven deberá abonar de forma obligatoria sendas indemnizaciones a los agentes afectados por las lesiones causadas: 90 euros para uno de los funcionarios y 540 euros para el otro. Al haber mostrado todas las partes su conformidad en la sala, la sentencia ya es firme y no cabe recurso.
